TEGUCIGALPA, HONDURAS. La audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández se reanuda este lunes 24 de agosto en el marco del caso Pandora II, proceso en el que enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
La jornada está prevista para las 9:30 de la mañana, después de que la audiencia fuera reprogramada la semana anterior a petición del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR), que solicitaron tiempo para analizar los planteamientos y medios de prueba presentados por la defensa.
Durante la sesión anterior, los abogados de Hernández presentaron 36 medios de prueba para sustentar su posición frente a las acusaciones. Según información del Poder Judicial, estos incluyen documentos, una prueba pericial y un testimonio. La defensa también solicitó la nulidad absoluta de actuaciones dentro del proceso.
La representación legal del exmandatario argumenta que la investigación se remonta a varios años atrás y cuestiona que la acción penal haya sido promovida cuando Hernández se encontraba en Estados Unidos. El tribunal deberá valorar estos argumentos antes de determinar si corresponde declarar la nulidad solicitada.
Por su parte, el Ministerio Público y la PGR han ofrecido 49 medios de prueba en el expediente. Una vez que el juez resuelva las objeciones y determine cuáles elementos serán admitidos, podría comenzar la etapa de evacuación de pruebas, que podría extenderse durante varios días debido al volumen del expediente.
¿Qué se investiga en Pandora II?
El caso Pandora II está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. De acuerdo con la acusación fiscal, entre 2010 y 2013 se habrían desembolsado más de 288 millones de lempiras hacia dos fundaciones, mientras que la Fiscalía sostiene que al menos 62 millones de lempiras habrían terminado beneficiando la campaña presidencial de Hernández en 2013.
La audiencia inicial será determinante para avanzar en la discusión sobre la admisión y evacuación de las pruebas. Posteriormente, el órgano jurisdiccional deberá resolver la situación jurídica del exmandatario conforme a los elementos que sean incorporados legalmente al proceso.
Hasta el momento, la solicitud de nulidad planteada por la defensa constituye una petición que deberá ser resuelta por el tribunal y no implica, por sí misma, la anulación del proceso.