La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este jueves que la nueva ampliación de 45 días al estado de excepción decretado por el gobierno hondureño vulnera derechos humanos y pone en riesgo la integridad del proceso electoral que se celebrará el próximo 30 de noviembre.
En un comunicado, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional cuestionó la 25ª extensión consecutiva del estado de excepción, señalando que contraviene el artículo 187 de la Constitución, debilita el Estado de derecho y afecta las garantías fundamentales de la ciudadanía.
“Un país bajo estado de excepción enfrenta riesgos graves: limitación de libertades, concentración de poder y condiciones que pueden afectar la participación ciudadana y la confianza en los resultados. La democracia no puede sostenerse sobre restricciones arbitrarias”, señaló la organización.
La ASJ recordó que, además de suspender derechos como la libertad de asociación y reunión, la aplicación del estado de excepción no ha cumplido con los requisitos legales del Artículo 187 de la Constitución, ya que en varios casos la ratificación por parte del Congreso Nacional se ha realizado fuera del plazo establecido, o incluso no se ha ratificado.
Si bien la medida fue implementada como parte del Plan para el tratamiento de la extorsión, los resultados han sido limitados: entre noviembre de 2022 y junio de 2025, apenas 294 de 1,959 denuncias por extorsión concluyeron en sentencia judicial condenatoria.
El reciente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU también señaló la práctica como una preocupación crítica, instando al Estado hondureño a fortalecer sus instituciones democráticas y garantizar elecciones libres, transparentes y seguras.
Países como Francia, Alemania, Reino Unido y Corea del Sur solicitaron el levantamiento inmediato del estado de excepción, recordando que las medidas extraordinarias deben ser temporales y proporcionales.
Mientras tanto, España, Canadá, Brasil y Austria exigieron proteger la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) frente a presiones políticas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que el estado de excepción no ha resuelto la inseguridad, pero sí ha debilitado las garantías constitucionales y la independencia de los poderes públicos.
Ante esta situación, la ASJ ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y ha informado del caso a instancias internacionales, debido a la falta de respuesta institucional y la persistencia de un marco jurídico ambiguo que erosiona la legalidad.
La organización demanda:
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Suspender el estado de excepción y restituir plenamente los derechos y garantías constitucionales.
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Respetar la independencia de los poderes públicos, especialmente del Poder Judicial y los órganos electorales.
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Adoptar políticas de seguridad ciudadana basadas en derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.
“Solo garantizando los derechos y libertades fundamentales se podrán celebrar elecciones en condiciones de libertad, transparencia y seguridad para todos los ciudadanos”, concluyó la ASJ.