La violencia volvió a golpear al sector campesino del Bajo Aguán, cuando hombres armados asesinaron a balazos a Óscar Amílcar Alvarado Velásquez, de 66 años de edad, quien se desempeñaba como secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguán.
El hecho ocurrió alrededor de las 8:20 de la noche en la comunidad de Dos Bocas, municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón. De acuerdo con información preliminar, Alvarado se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
Testigos relataron que las detonaciones alarmaron a los habitantes de la zona, quienes posteriormente encontraron al dirigente campesino sin signos vitales. Las autoridades fueron alertadas del crimen y se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el asesinato ni se ha establecido oficialmente el móvil del ataque. El cuerpo de la víctima fue trasladado para la respectiva autopsia de ley.
Tras conocerse el hecho, diversas organizaciones campesinas condenaron el crimen y denunciaron que la violencia continúa afectando a quienes forman parte de los movimientos agrarios del Bajo Aguán.
Los colectivos señalaron que, pese a la presencia permanente de efectivos policiales y militares en la región, los hechos violentos contra dirigentes y miembros del sector no han cesado.
Asimismo, manifestaron su preocupación por la seguridad de los campesinos que operan en la zona y exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato.
El Bajo Aguán ha sido históricamente una de las regiones con mayores conflictos relacionados con la tenencia de tierras en Honduras, escenario donde durante años se han registrado enfrentamientos, amenazas y muertes vinculadas a disputas agrarias.
La muerte de Óscar Amílcar Alvarado Velásquez se suma a una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a las organizaciones campesinas y de derechos humanos, que reclaman mayores garantías de seguridad y justicia para las comunidades de la región.