El Gobierno de Honduras contempla modificar el sistema de emisión de licencias de conducir mediante la contratación de una empresa privada que se encargue de los trámites administrativos y la elaboración de estos documentos.
La iniciativa fue anunciada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien adelantó que presentará la propuesta ante el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNDS) para su evaluación.
De acuerdo con el funcionario, el cambio permitiría liberar a unos 500 policías que actualmente trabajan en oficinas atendiendo los procesos relacionados con las licencias, para incorporarlos a tareas de vigilancia y seguridad ciudadana.
El planteamiento consiste en delegar a una compañía privada la gestión administrativa y la emisión de los documentos, mientras el Estado mantendría el control de la información y recibiría un pago por cada licencia expedida.
Velásquez explicó que uno de los problemas del modelo actual está relacionado con la compra de los materiales necesarios para fabricar las licencias, debido a las dificultades que enfrenta la administración pública para desarrollar estos procesos.
«Los procesos de gestión de las licitaciones en el tema de adquisición de material para la elaboración de la licencia de conducir ha sido un dolor de cabeza, el Estado no es muy eficiente con ciertos procesos», manifestó.
Tercerización de licencias ya funciona en otros países
El titular de Seguridad señaló que existen experiencias similares en países de la región, como El Salvador y Panamá, donde se han adoptado mecanismos para que empresas privadas participen en la gestión de estos documentos.
Además de agilizar los trámites, la propuesta buscaría disminuir los costos de funcionamiento del servicio, incluidos los gastos de electricidad y mantenimiento de las instalaciones utilizadas actualmente.
¿Qué pasará con los policías?
Uno de los principales cambios estaría relacionado con la reasignación de aproximadamente 500 agentes policiales que dejarían las actividades administrativas para incorporarse a labores operativas.
Según Velásquez, estos efectivos podrían reforzar las acciones de prevención del delito, vigilancia en las calles y combate a la delincuencia en diferentes sectores del país.
El ministro espera que la iniciativa reciba el respaldo del CNDS y que, una vez completados los procedimientos correspondientes, el nuevo modelo pueda comenzar a funcionar durante 2027.
No obstante, la tercerización no implicaría que la empresa privada asuma todas las competencias relacionadas con el tránsito. La Policía Nacional continuaría encargada de aplicar sanciones y atender las infracciones, mientras la compañía contratada se limitaría a gestionar la emisión de las licencias de conducir.
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