Tegucigalpa. El Subsecretario de Gobernación y Descentralización, Sergio Vladimir Coello juramento este jueves al ciudadano Alex Geovanni Navas Álvarez, como Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Alex Navas Álvarez es Abogado, investigador y profesor universitario, además, defensor de los derechos humanos en Honduras.
Navas asumirá como nuevo secretario general de la SENAF en un momento criticó en el que empleados y militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) aseguran que existe hostigamiento y acoso sexual.
Por lo que se enfrentara a varios retos, sobre todo, en un país donde el 70% de la población está en condiciones de pobreza y un 40% en pobreza extrema.
Y donde los mas afectados, además de encontrarse en situaciones de peligro, son los niños y las niñas.
Disputas internas amenazan los derechos de la niñez
La situación de vulneración histórica de los derechos de los niños y niñas se agudiza aún más con la crisis a lo interno de la SENAF.
Dicha crisis alcanzó un punto crítico con la toma de instalaciones, una situación que no sólo refleja la magnitud de la ingobernabilidad a lo interno.
Sino que también pone en grave peligro la protección de los derechos de la infancia y adolescencia.
Lo anterior, por dejar de lado el cumplimiento de la la misión de proteger a la niñez en riesgo porque están inmersos en conflictos internos de activistas.
Para Bertilio Amaya, coordinador del observatorio de derechos humanos de Casa Alianza Honduras, es lamentable que “grupos de terceras personas intenten imponer su criterio en detrimento de interés superior de la niñez”.
Además, señaló que al paralizar las labores en la SENAF se afecta de manera directa a la niñez, socavando aún más la situación de vulnerabilidad.
En este contexto, las organizaciones de sociedad civil instan a que fundamentalmente se encuentre una solución urgente y pacífica.
Con el fin de detener la toma de instalaciones y, sobre todo, restablecer el funcionamiento normal de las actividades en la institución del Estado.
Lo que debería ser, el único objetivo, garantizar que los derechos de la infancia no se vean comprometidos como resultado de conflictos laborales o disputas internas.