La alcaldesa del municipio de El Corpus, Choluteca, Katherine Guillén, confirmó este martes el embargo de la cuenta bancaria de la corporación municipal por un monto de 63 millones 178 mil 454.59 lempiras, a raíz de una demanda laboral interpuesta por extrabajadores.
Según explicó la edil, el embargo responde a un proceso judicial en el que se reclaman prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, además del pago de salarios atrasados, reajuste del salario mínimo, catorceavo, aguinaldo e indemnización por daños y perjuicios por incumplimientos laborales.
Guillén advirtió que la medida tendrá un impacto directo en miles de familias del municipio, ya que afectará proyectos de educación, inversión pública y programas de apoyo a adultos mayores. “Los derechos laborales se pagan y se respetan, todo trabajador tiene derecho a recibir lo que le corresponde”, expresó.
No obstante, la alcaldesa señaló que en la demanda existen irregularidades graves, entre ellas la inclusión de personas que presuntamente no laboraron en la municipalidad y cálculos financieros que calificó como irreales. “Es una carga imposible de asumir, significa menos obras, ayuda social y oportunidades para la gente”, manifestó en declaraciones al noticiero Hoy Mismo.
Guillén indicó que este proceso se originó en administraciones anteriores, pero que su gestión deberá enfrentar las consecuencias. Añadió que los abogados de la municipalidad solicitaron la nulidad del proceso para verificar si se respetó el debido proceso y si los montos reclamados son justos.
Asimismo, reveló que se han identificado situaciones irregulares como despidos masivos en fechas cercanas a su toma de posesión, otorgamientos de poder inmediato, acuerdos conciliatorios con montos millonarios y resoluciones de embargo emitidas en plazos reducidos.
La alcaldesa también denunció la falta de documentación clave en la alcaldía debido a que no existió una transición ordenada entre administraciones. Ante este panorama, hizo un llamado a instituciones del Estado y a organizaciones nacionales e internacionales para que brinden acompañamiento técnico y legal, a fin de evitar la paralización del bienestar social en el municipio.