Al menos diez agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), junto a dos fiscales del Ministerio Público (MP), ejecutaron este miércoles una diligencia de secuestro de documentos en las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicadas en Tegucigalpa.
La acción, que se realizó bajo orden judicial, se enmarca en una investigación en curso por presuntas irregularidades administrativas, así como por denuncias de presiones políticas internas dentro del ente electoral.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la orden fue emitida en respuesta a múltiples señalamientos que han surgido desde el interior del CNE.
El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, ordenó personalmente la intervención y advirtió que los tres consejeros del CNE serán citados de forma inmediata para rendir declaración en el marco de esta investigación.
“El Ministerio Público no está pintado, actuaremos con firmeza frente a cualquier intento de obstruir el proceso electoral”, declaró el funcionario días atrás.
Los documentos incautados durante la diligencia serán analizados por peritos técnicos del Ministerio Público, quienes buscarán determinar si hubo manipulación, omisión o uso indebido de recursos institucionales relacionados con el proceso electoral y la planificación operativa del CNE.
La diligencia se produce en un contexto de creciente tensión institucional, tras denuncias públicas sobre una supuesta conspiración para impedir la realización de elecciones generales y acusaciones cruzadas entre los consejeros del CNE.
El cronograma electoral ha estado paralizado por más de un mes, lo que ha generado preocupación tanto en sectores políticos como en la ciudadanía.
El Ministerio Público ha señalado que también investigará señalamientos por extorsión, abuso de autoridad y conspiración interna, entre otros posibles delitos.
Mientras tanto, la presidenta del CNE, Rixi Moncada, ha denunciado públicamente que el organismo está siendo blanco de una operación sistemática para debilitarlo desde dentro del propio Estado.
Se espera que en los próximos días el MP emita nuevos requerimientos fiscales y se intensifiquen las acciones legales en torno a este caso, considerado clave para garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral programado para el próximo 30 de noviembre.
Fiscal General ordena a la ATIC secuestrar documentos en el CNE