El proceso judicial contra la agente policial Emilia Fernanda Rodríguez Armas tomó un nuevo rumbo este viernes, luego de que la acusada aceptara someterse a un procedimiento abreviado por el delito de homicidio en perjuicio de Waldina Mejía Valle, integrante de la Fuerza Naval de Honduras.
La solicitud fue conocida durante la audiencia preliminar celebrada este 25 de septiembre en el Juzgado de Letras Penal. Con la aceptación de esta vía, el expediente continuará conforme al procedimiento establecido y será el órgano jurisdiccional el encargado de emitir la resolución correspondiente.
El caso se remonta al 31 de agosto, cuando, según la investigación del Ministerio Público, Rodríguez Armas llegó en motocicleta a las inmediaciones de las instalaciones de la Fuerza Naval para recoger a Mejía Valle. Posteriormente, ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea, donde habrían sostenido una discusión.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, durante el altercado la acusada habría utilizado un arma de fuego y realizado dos disparos contra Mejía Valle. La integrante de la Fuerza Naval fue trasladada al Hospital Escuela, donde falleció el 1 de septiembre debido a las heridas sufridas.
Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentra el análisis balístico, mediante el cual especialistas establecieron que los casquillos encontrados en la escena fueron percutidos por el arma de reglamento que portaba Rodríguez Armas.
Antecedentes del proceso
El pasado 9 de septiembre, durante la audiencia inicial, el juzgado dictó auto de formal procesamiento contra Rodríguez Armas y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. En esa oportunidad también quedó programada para este 25 de septiembre la audiencia preliminar.
Ahora, con la aceptación del procedimiento abreviado, el proceso entra en una etapa distinta. Esta vía implica que el caso será tramitado bajo las condiciones establecidas por la legislación penal y que corresponderá al juzgado resolver sobre la solicitud planteada.
La Fiscalía sostiene la acusación por el delito de homicidio, mientras que la situación jurídica de la imputada deberá definirse mediante la resolución judicial correspondiente.
El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades judiciales y del Ministerio Público, mientras permanece pendiente la decisión del juzgado sobre el procedimiento solicitado.