La violencia que persiste en Honduras continúa forzando el desplazamiento interno de cientos de mujeres, una situación que, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), refleja «profundas desigualdades» que la sociedad no debe seguir «normalizando».
«Ninguna mujer debería verse obligada a huir de su hogar para salvar su vida», subrayó Kathryn Lo, representante de Acnur en el país, según un comunicado del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
La funcionaria señaló que la violencia sigue «desplazando» a muchas mujeres, debido a la persistencia de desigualdades estructurales que requieren atención urgente.
Entre 2016 y 2025, el Conadeh atendió 4,743 quejas de mujeres por desplazamiento forzado interno, un fenómeno que Honduras reconoció oficialmente en 2013, derivado de la violencia que afecta a distintas comunidades del país centroamericano.
Urgencia de protección y leyes reforzadas
La representante de Acnur enfatizó la necesidad de actuar con «mayor urgencia» para prevenir la violencia estructural y garantizar una «protección efectiva» a las víctimas.
Lo planteó que fortalecer la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, aprobada en 2022, así como la Ley de Casas Refugios, y optimizar los protocolos de respuesta, es clave para reducir la vulnerabilidad de las mujeres en riesgo de desplazamiento.
Perfil de las víctimas y agresores
Según el Conadeh, las mujeres y niñas en Honduras enfrentan múltiples formas de violencia, tanto en espacios domésticos como públicos, que las obligan a abandonar sus hogares para proteger su vida y la de sus familias.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, detalló que las denuncias recibidas están relacionadas principalmente con amenazas (39%), violencia doméstica (16%), asesinato de familiares (10%), despojo o destrucción de bienes (7%), tentativa de homicidio (6%) y violencia intrafamiliar (5%).
En cuanto al perfil de las víctimas, las amas de casa representan el 38% de los casos, seguidas por comerciantes (15%), docentes (12%), trabajadores de la salud (4%), abogados (3%), estudiantes (2%) y defensores de tierra y medioambiente (1%).
Los principales agresores son personas conocidas por las víctimas en el 28% de los casos, parejas y exparejas (24%), delincuentes o desconocidos (16%), maras y pandillas (16%), familiares (7%) y policías (7%).
Creación de entornos seguros y cultura de paz
Reyes destacó la urgencia de trabajar en la creación de entornos «seguros» que permitan a las mujeres y niñas vivir libres de violencia y evitar el desplazamiento forzado.
Además, subrayó la importancia de fortalecer la investigación, implementar estrategias de prevención integral de la violencia y fomentar una cultura de paz basada en el respeto hacia las mujeres y niñas.