Tegucigalpa. La Supervisión General de Tribunales ha iniciado una investigación disciplinaria contra el juez que conoció el caso del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez y otros dos exjerarcas militares, procesados por la muerte del joven Isy Obed Murillo ocurrida en 2009, durante el golpe de Estado.
Según informó este viernes la inspectora de tribunales del Poder Judicial, Sandra Rodríguez, durante la revisión del expediente se identificaron presuntas irregularidades en el desarrollo de la audiencia inicial, celebrada los días 10 y 11 de enero de 2025.
“Se verificaron situaciones que desnaturalizaron el desarrollo adecuado de la audiencia. Esto motivó la apertura de una investigación para determinar si se incurrió en un yerro jurídico”, detalló Rodríguez.
El término “yerro jurídico” hace referencia a un error grave en la aplicación de la ley, ya sea por ignorancia, negligencia o dolo.
Lo cual puede constituir una falta disciplinaria o incluso un delito.
Audiencia bajo la lupa
La inspectora explicó que el procedimiento penal establece de forma clara los pasos a seguir en una audiencia inicial.
Asimismo, uno de los puntos en revisión fue la manera en que el juez otorgó medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, lo que generó cuestionamientos y apelaciones.
“La Corte de Apelaciones ya resolvió sobre la legalidad de las medidas impuestas, pero nuestra función es revisar si en la conducta del juez hubo responsabilidad administrativa”, precisó.
Actualmente, Romeo Vásquez Velásquez permanece prófugo, luego de que se le revocara el arresto domiciliario.
Sus coacusados, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, ya se presentaron voluntariamente a la justicia y se encuentran bajo arresto.
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Compromiso con la transparencia
Rodríguez enfatizó que el objetivo del proceso disciplinario es fortalecer la transparencia y combatir la percepción de impunidad en el sistema judicial hondureño.
“Este procedimiento busca erradicar la idea de que el Poder Judicial favorece a ciertos sectores. Estamos comprometidos con una justicia imparcial y el cumplimiento riguroso de la ley”, subrayó.
Se espera que en los próximos días la Supervisión General emita una resolución oficial que determinará si hubo o no responsabilidad disciplinaria por parte del juez involucrado.