Tegucigalpa. Un juez impuso este viernes una condena de tres años de prisión a un funcionario judicial por el delito de corrupción, informó el Ministerio Público (MP).
Se trata del Secretario Adjunto de Juzgados y Tribunales de Juzgados de Letras Civil de Francisco Morazán, Germán Othoniel Turcios Escobar.
A quien se le acusa de falsificar documentos públicos para supuestamente favorecer irregularmente a una demandada con un desembargo de salario.
De acuerdo a expediente, se corroboró que el funcionario tuvo participación en dejar sin valor el oficio de embargo.
Dicho oficio ordenaba el embargo en el salario mensual que devengaba la demandada.
Todo ello quedó acreditado mediante un dictamen de Laboratorios de Criminalísticos.
Asimismo, en diligencias efectuadas en el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), institución donde laborada la demandada.
Nuevas órdenes de captura
El MP anunció que libraron nuevas órdenes de captura contra diferentes personas por suponerlas responsables del caso “Narcopolítica II”.
Información preliminar destaca que una de las órdenes de detención es para la representante legal de la empresa INRIMAR, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo.
Asimismo, para su hermana y representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO), Irza Fané Pacheco Murillo.
A este caso la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) le denominó Narcopolítica II.
Desde ayer autoridades desarrollan la audiencia inicial en contra de la ex asistente de la gerencia técnica del Fondo Vial, Iris María Sarmiento Ferreira,
Los otros implicados son: el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el ex titular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete.
Además, el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga (con proceso en EEUU por narcotráfico).
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Esta segunda línea judicializada de Narcopolítica se presentó el 13 de septiembre de 2023 y en su primera fase comprendió una acusación a 12 personas.
Las autoridades judiciales señalan a estas personas por formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.