Tegucigalpa. La empresa Ingeniería, Transporte y Logística, encargada del traslado del material electoral en las pasadas elecciones primarias, ha sido objeto de controversia debido a los presuntos vínculos políticos de uno de sus socios.
Carlos Fonseca, representante de la compañía, confirmó que su socio es Óscar Aguilera, uno de los fundadores del Partido Libre y hermano de Bernardo Aguilera, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Óscar Aguilera, uno de los fundadores del Partido Libre, es mi socio”, declaró Fonseca, añadiendo que desde el inicio del proceso electoral han sido señalados injustamente.
“Primero nos acusaron de ser cachurecos, ahora cambió porque mi socio es de Libre”, enfatizó.
Las declaraciones han generado debate en el ámbito político.
La diputada del Partido Nacional, Francis Argeñal, manifestó que la legislación nacional establece inhabilidades para contratar con el Estado en casos de relaciones de consanguinidad y afinidad.
“El socio de la empresa es hermano de uno de los empleados de confianza del consejero de Libre, Marlon Ochoa”, afirmó.
Sin embargo, el diputado de Libre, Juan Flores, desestimó el argumento, señalando que la norma no aplica en este caso.
“No aplica ese artículo, porque él es un empleado de segunda o tercera categoría”, sostuvo.
Testimonios de conductores sobre el traslado de maletas electorales
Pablo Rodríguez, conductor de transporte que participó en la distribución del material electoral, ofreció su testimonio sobre la jornada laboral y las irregularidades observadas.
Según relató, el proceso de entrega se realizó bajo estricta supervisión militar en horas de la noche.
“A las 9:00 de la noche volví a cargar el bus. Ya habían bajado todo. Entregamos maletas en la Kennedy, La Granja y La Betania. Ahí ya todo andaba en orden porque había más militares y custodios”, expresó Rodríguez.
El trabajador también denunció falta de pago por los servicios prestados. “Nos ofrecieron 800 lempiras diarios. Trabajé dos días y aún no nos han pagado nada”, dijo.
Rodríguez también señaló irregularidades en el proceso y complicidad de las fuerzas de seguridad.
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“Ahí hubo un descontrol desde las 11 de la noche. La Policía, al ver que nos entregaron las maletas, tenía que haber avisado a sus superiores, pero no hubo conexión con ninguna autoridad”, denunció.
Además, aseguró que otros ocho conductores que participaron en el proceso ya declararon ante el Ministerio Público y que sus versiones coinciden.
“Nos llamaron a todos. Cada uno dio el nombre del compañero que andaba y los buscaron. Nos quieren echar la culpa a nosotros, los transportistas, en lugar de señalar a los custodios electorales y militares”, expresó.
El caso sigue en investigación por parte de las autoridades, mientras el sector de transporte electoral exige el pago de los servicios prestados y respuestas sobre las anomalías denunciadas.