Redacción. El gobierno del presidente Donald Trump evalúa otorgar estatus legal a migrantes que trabajan en la industria agrícola, en medio de crecientes críticas por las redadas laborales y la presión de sectores empresariales.
Durante los últimos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado operativos en centros de trabajo a nivel nacional.
Llevando a la detención de migrantes sin historial delictivo, lo que ha generado preocupación en sectores clave como la agricultura.
Trump, conocido por su discurso firme en materia migratoria, declaró el pasado martes 1 de julio que su administración está “trabajando en ello ahora mismo”, en referencia a la situación de los trabajadores agrícolas.
“Tenemos muchos casos en los que ICE entra en una granja y se trata de personas que llevan allí 10 o 15 años. Los agricultores los conocen. Se llama responsabilidad del agricultor. Pero serán en gran medida responsables de estas personas”, afirmó el mandatario, según CNN.
La postura oficial de la Casa Blanca fue reafirmada por su portavoz, Abigail Jackson, quien aseguró que deportar a criminales peligrosos sigue siendo una prioridad.
“El presidente Trump es un defensor incansable de los agricultores estadounidenses. Confía en ellos y se compromete a garantizar que cuenten con la fuerza laboral necesaria para seguir prosperando”, sostuvo Jackson.
Pese a las promesas, las cifras oficiales reflejan una dura realidad. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre mayo y junio se registró un aumento de más del 250 % en los arrestos de personas sin antecedentes penales, cuya única falta es su estatus migratorio irregular.
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Además, casi la mitad de los detenidos por ICE actualmente no tiene historial criminal, y menos del 30 % ha sido condenado por delitos.
Estas cifras contradicen el discurso oficial y plantean dudas sobre el alcance real de cualquier política de alivio migratorio anunciada por la administración Trump.