Juan Guaidó

Estados Unidos ha dado a conocer este martes un último plan para solucionar la crisis política en Venezuela, que consiste en crear un gobierno de transición con representantes ‘chavistas’ y opositores del que no formen parte ni el actual mandatario, Nicolás Maduro, ni el líder opositor Juan Guaidó, con miras a celebrar unas elecciones presidenciales «libres».

El enviado especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, Elliott Abrams, ha sido el encargado de revelar el Marco para la Transición Democrática en Venezuela en un artículo firmado en ‘The Wall Street Journal’. Posteriormente, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha explicado la ‘hoja de ruta’ en rueda de prensa y, finalmente, ha sido publicada por su Departamento en los siguientes términos:

RECUPERAR EL PARLAMENTO

El punto de partida es recuperar la Asamblea Nacional, la única institución que controla la oposición venezolana gracias a su arrolladora victoria en los comicios de 2015, pero que ‘de facto’ se ha visto privada de su poder legislativo por una sucesión de decisiones judiciales hasta llegar a ser sustituida por la Asamblea Constituyente, integrada solamente por ‘chavistas’.

Estados Unidos plantea «el pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional», ya que muchos se han exiliado y otros han sido detenidos por acusaciones que van desde corrupción a magnicidio, por lo que también pide la liberación inmediata de todos los presos políticos; que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revoque la orden de ‘desacato’ contra el Parlamento y restaure así «todos los poderes de la Asamblea Nacional, incluida la inmunidad de sus diputados»; y que la Asamblea Constituyente se disuelva.

A continuación, aboga por recuperar también los poderes Electoral y Judicial, de modo que «la Asamblea Nacional elija nuevos miembros para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25 por ciento o más de los escaños de la Asamblea Nacional», lo cual «daría tanto al (gobernante) PSUV como a la plataforma multipartidista de Guaidó un veto sobre cualquier candidato».

GOBIERNO DE TRANSICIÓN

El principal cometido de la restaurada Asamblea Nacional será crear «un Consejo de Estado que se convierta en el Poder Ejecutivo». Aunque el documento del Departamento de Estado no lo detalla, tanto Pompeo como Abrams sí han especificado que ni Maduro ni Guaidó podrán formar parte de este gobierno de transición, pieza clave de la propuesta estadounidense que retoma la oferta hecha por la oposición al Gobierno en el último diálogo, celebrado entre Oslo y Barbados en 2019.

Estados Unidos precisa que «cada partido o coalición de partidos con un 25 por ciento o más de los miembros de la Asamblea Nacional seleccionará dos miembros del Consejo de Estado, uno de los cuales debe ser un gobernador estatal». «Estos cuatro miembros seleccionarán a un quinto, que será el secretario general y ejercerá de presidente interino hasta que haya elecciones», en las cuales no podrá participar.

Además, aunque «los miembros del Consejo de Estado no tienen por qué ser miembros de la Asamblea Nacional o el TSJ», la Administración de Donald Trump sí considera indispensable que haya presencia militar, puesto que los uniformados son el pilar del ‘chavismo’. Así, «un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) servirá de asesor militar al Consejo de Estado».

«Todos los poderes asignados por la Constitución al presidente serán ejercidos exclusivamente por el Consejo de Estado», que tomará las decisiones por mayoría simple. Su misión más acuciante será la de «nombrar un nuevo Gabinete», sobre cuya composición no entra en detalles.

Entre las primeras decisiones de la nueva institucionalidad, Estados Unidos apunta a la necesidad de que los agentes de la Inteligencia cubana, que considera el «escudo» de Maduro, salgan de Venezuela. «Todas las fuerzas de seguridad extranjeras partirán inmediatamente, a no ser que (su presencia en el país) sea autorizada por tres cuartas partes de la Asamblea Nacional», indica.

NUEVAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

La verdadera tarea del Consejo de Estado será «fijar una fecha para que haya elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional de forma simultánea en un plazo de seis a doce meses» en las que «cualquier ciudadano venezolano que sea elegible conforme a la Constitución de 1999 pueda competir».

En este punto el Departamento de Estado tampoco ahonda, pero Pompeo sí lo ha hecho en rueda de prensa para aclarar que Guaidó podrá ser candidato –«Es el político más popular en Venezuela y lo está haciendo increíblemente bien»–. En cuanto a Maduro, ha sido tajante: «No volverá a gobernar en Venezuela».

Estados Unidos considera fundamental que en esta doble cita electoral haya «observadores internacionales» que acrediten que las elecciones han sido realmente «libres».

AYUDA HUMANITARIA Y SANCIONES

En este nuevo escenario, la comunidad internacional también se encargaría de «proporcionar apoyo humanitario, económico, de seguridad, de gobernanza y al desarrollo», con «especial énfasis» en recuperar el sistema sanitario y los suministros de agua y electricidad.

«Los programas de bienestar social existentes, ahora complementados con el apoyo internacional, deben ser igualmente accesibles para todos los ciudadanos venezolanos» y se abrirán negociaciones con el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para desarrollar otros nuevos.

Al mismo tiempo, «una comisión bipartidista de la Asamblea Nacional» se ocupará de «crear soluciones a largo plazo para rehabilitar la economía y refinanciar la deuda» de Venezuela.

Otro de los puntos clave del plan de Estados Unidos para Venezuela es que plantea la retirada progresiva de las sanciones dictadas contra el ‘chavismo’ y sus estructuras a medida que vayan acatando este Marco para una Transición Democrática.

Así, revocará las medidas punitivas contra los diputados constituyentes cuando se disuelva la Asamblea Constituyente; contra los miembros del CNE y el TSJ, cuando se renueven; y contra las actuales autoridades –tanto civiles como militares–, cuando se cree el Consejo de Estado y renuncien al Poder Ejecutivo en su favor. Las sanciones contra PDVSA y la industria petrolera terminarán cuando las «fuerzas de seguridad extranjeras» se vayan de Venezuela y las sanciones restantes, cuando los observadores internacionales declaren que las elecciones han sido «libres».

CONCESIONES AL ‘CHAVISMO’

La propuesta contempla además la creación de «una Comisión de la Verdad y la Reconciliación», integrada por cinco miembros que designará Naciones Unidas de acuerdo con el Consejo de Estado, «para investigar los graves actos de violencia ocurridos desde 1999 e informar a la nación sobre las responsabilidades de los perpetradores y la reparación a las víctimas y sus familias».

También encarga a la Asamblea Nacional la elaboración de «una ley de amnistía, congruente con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubra los delitos políticamente motivados, excepto los crímenes contra la Humanidad».

Asimismo, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarán su apoyo a la demanda que estos seis países presentaron en 2018 contra Maduro en el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos de lesa humanidad y que está en fase de examen preliminar.

En una última concesión al ‘chavismo’, «el alto mando militar», incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, «se mantendrá durante el gobierno transicional», al igual que «las autoridades locales y estatales».

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