Caso Pandora

Una vasta trama de corrupción en Honduras que involucra la malversación de fondos públicos mediante organizaciones sin fines de lucro fantasmas y un fondo reservado controlado por la presidencia, está vinculada a decenas de organizaciones sin fines de lucro y al menos 176 políticos, según documentos judiciales y fuentes familiarizadas con una amplia investigación realizada por fiscales anticorrupción.

Los documentos oficiales y los registros judiciales que Univision revisó vinculan a los políticos con una red de al menos 53 organizaciones sin fines de lucro que recibieron más de 70 millones de dólares en la en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.

Los documentos indican que el alcance total de la trama podría implicar a decenas más de organizaciones sin fines de lucro, hasta a 360 diputados y exdiputados y quizás cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.

Adicionalmente, un par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas directamente a la familia del presidente Juan Orlando Hernández se encuentran entre los objetivos investigados por fiscales especiales anticorrupción. La mayoría de los fondos involucrados en las tramas de corrupción investigadas por Univisión recibieron autorización de la oficina de Hernández, según la correspondencia entre los diputados y la presidencia.

El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.

Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.

Las revelaciones se producen en un momento en que el malestar ha causado protestas masivas en las calles y está en duda el futuro de un equipo especial de investigadores contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la MACCIH por sus siglas en español, luego de que expire su mandato en enero.

Mientras tanto, la corrupción en Honduras ha complicado las relaciones con la administración Trump, la cual quiere que los gobiernos de América Central cooperen más mediante la adopción de medidas que reduzcan la migración masiva hacia la frontera estadounidense. Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados. En marzo, la administración Trump interrumpió la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a la frustración porque dichos países no lograron detener el flujo de migrantes.

El presidente Hernández negó cualquier vínculo con la corrupción en una declaración proporcionada a Univision. “El presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción”, según la declaración enviada a Univisión por Mishcon de Reya, una firma de abogados de Londres que representa al gobierno hondureño.

Añadió que él estaba orgulloso de su papel al permitir que la MACCIH opere en Honduras, así como los esfuerzos “históricos” para limpiar la policía, y la implementación de un acuerdo de extradición con Estados Unidos “que desafió el poder que ejercían narcotraficantes dentro del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ejecutivo”.

Clientelismo político al estilo hondureño

La corrupción política en Honduras no es nueva, pero la más reciente trama de corrupción se institucionalizó luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley en 2006 que creó un Fondo de Desarrollo Departamental a disposición de los diputados. Conforme disponía de más fuentes de financiamiento, la trama amplió su alcance, hasta llegar incluso a un fondo reservado controlado por Hernández, con un presupuesto cuyos detalles de gastos de partidas están guardados en secreto.

“Nadie tiene licencia para recibir sobornos, no hay razones para que nadie saque un centavo de todo esto”, dijo el exdiputado José Azcona, mientras tenía abierto un libro y señalaba fragmentos de la ley de 2006 que él mismo ayudó a redactar, y que fue diseñada para llevar asistencia necesaria a comunidades pobres y rurales.

El Fondo de Desarrollo Departamental se creó con un presupuesto anual de 20 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los distritos legislativos. Se suponía que funcionaría como los proyectos tradicionales de clientelismo político en Estados Unidos, diseñados para mantener contentos a los electores de legisladores influyentes mediante el financiamiento de proyectos en sus comunidades, dijo Azcona, quien ahora es profundamente crítico con la forma en que se corrompió el programa.

Pero en uno de los países más corruptos de la región, la debilidad de las instituciones y la falta de supervisión produjeron resultados diferentes. En el mejor de los casos, fue un mecanismo para comprar votos de electores. En el peor de los casos, fue una trama para enriquecerse rápidamente, un fondo reservado para campañas políticas o una herramienta para comprar votos para el congreso de 128 escaños.

Para 2010, las organizaciones de la sociedad civil habían detectado flagrantes irregularidades en la gestión del fondo. Carreteras, escuelas y otros proyectos para los que los diputados asignaron fondos nunca se completaron.

Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.

Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno, según los documentos obtenidos por Univision. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado “acopiadores”, que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.

Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.

Una de las redes que Univision descubrió consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.

En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.

Castellanos se declaró inocente y se está defendiendo enérgicamente contra las acusaciones en el tribunal.

Una red de corrupción más amplia

Univision pudo establecer vínculos entre Castellanos y al menos 22 de las 24 organizaciones de la red, según los Reportes de Operaciones Sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Las organizaciones sin fines de lucro involucradas en la trama recibieron fondos para proyectos que a menudo tenían poco o nada que ver con sus misiones declaradas. Las organizaciones dedicadas al desarrollo juvenil proporcionaron servicios de fumigación. Otra, cuya misión era proporcionar sillas de ruedas a los discapacitados, también recibió fondos para construir ataúdes para los pobres.

Univision intentó visitar las oficinas de muchas de estas organizaciones, pero no encontró ni rastro de ellas. Otras se alojaban en pequeñas oficinas que eran sede de numerosas organizaciones. En una, un hombre que admitió haber administrado al menos seis organizaciones sin fines de lucro junto con su esposa negó cualquier delito y dijo que sus intenciones eran caritativas. La operación de múltiples organizaciones sin fines de lucro les permitió ejecutar más proyectos, explicó.

“El dinero sale del erario para una ONG, para hacer una obra o prestar un servicio comunitario”, dijo Luiz Marrey, exjefe de la MACCIH, refiriéndose a los casos involucrados en la red de Castellanos. “La ONG lo deposita en las cuentas de los diputados o de otras personas para su utilización personal. Algunas veces para la actividad política, otras veces para el bolsillo, pero la gravedad es la misma”.

Las acusaciones que involucran a las dos organizaciones sin fines de lucro muestran que del 80% al 90% de los fondos que recibieron se depositaron más tarde en las cuentas personales de 15 diputados o miembros de sus familias y luego se utilizaron para pagar préstamos, tarjetas de crédito y otros gastos personales.

‘Actividades sospechosas’

La investigación de Univision reveló que las actividades de la red de 24 organizaciones sin fines de lucro dieron lugar al menos a 16 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Comisión Bancaria, incluyendo seis durante la campaña de 2013. Además de los 15 diputados que resultaron acusados (todos los cuales se han declarado inocentes), las actas del Congreso y los registros judiciales muestran que al menos 34 diputados más solicitaron fondos del gobierno para estas sospechosas organizaciones sin fines de lucro.

Según documentos judiciales, Augusto Cruz, exdiputado de un partido minoritario, asignó fondos para al menos siete de las organizaciones sin fines de lucro. Y la legisladora del Partido Nacional, Gladis López, tiene vínculos con al menos cuatro. Tanto López como Cruz fueron acusados el año pasado por corrupción relacionada con esta red en la que presuntamente también se embolsaron dinero sin realizar los proyectos declarados.

Tanto López como Cruz se han declarado inocentes.

López apareció recientemente en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de 20 funcionarios hondureños “contra quienes hay denuncias creíbles de que han cometido o facilitado actos de corrupción”.

López no respondió a una solicitud de entrevista. Cruz no quiso hacer comentarios.

Univision también identificó numerosas redes similares. En algunos casos, el diputado también fungía como acopiador, eliminando así al intermediario. Renán Inestroza, quien hace parte del liderazgo del Congreso, también administra una red de al menos tres organizaciones sin fines de lucro que ha recibido casi seis millones de dólares de fondos públicos desde que ingresó al congreso en 2010, incluyendo solicitudes de financiamiento de al menos 15 legisladores, según las actas del Congreso.

Los informes de proyectos presentados a la Secretaría de Hacienda llevan las firmas de supuestos beneficiarios que difieren tanto que parecen haber sido falsificados o reciclados, según los documentos obtenidos por Univision. Ésta era una táctica común, como lo demuestran los numerosos nombres, huellas digitales y firmas que no concuerdan y aparecen en varios documentos.

Los recibos presentados incluían artículos como balones de fútbol y uniformes que la empresa de construcción privada de Inestroza supuestamente compró para las organizaciones sin fines de lucro. Inestroza no acepto una solicitud de entrevista.

Lazos de familia

En 2013, cuando Hernández se postuló por primera vez para Presidente de la República, el gasto del Fondo de Desarrollo Departamental alcanzó su punto máximo, y mostró tendencias políticas claras. Mientras que en años anteriores la mayoría de los fondos se desembolsaron en diciembre, ese año casi todos los fondos se gastaron en los meses previos a las elecciones de noviembre, entre ellos más de dos millones de dólares que se transfirieron a municipios en el departamento de origen de Hernández que se encontraban bajo el mandato de alcaldes pertenecientes a su partido.

“El presidente del Congreso es el que decide, el que maneja el fondo”, dijo Marvin Ponce, exdiputado del partido minoritario Unificación Democrática quien ejerció como tal desde 2006 hasta 2014.

En ese momento, incluso los miembros del propio partido de Hernández cuestionaron públicamente su gestión del fondo. En una entrevista con el periódico local La Prensa, el político del Partido Nacional, Fernando Andurray, dijo que Hernández tenía “una pulpería particular con un enorme presupuesto” en el Congreso Nacional con el Fondo de Desarrollo Departamental.

“Las cuentas en cuestión fueron administradas por organismos burocráticos y estructuras institucionales, no estaban bajo el ‘control’ personal del presidente”, fue la respuesta del mandatario Hernández a las preguntas que Univision envió relacionadas con las acusaciones de corrupción de su gobierno.

Según los registros de la Secretaría de Finanzas, ocho de los diez principales receptores de ese año eran organizaciones sin fines de lucro que fueron objeto de informes de actividad sospechosa o fueron vinculadas por Univision a redes sospechosas de corrupción. Las dos organizaciones restantes están vinculadas al gobernante Partido Nacional, incluida la FUNDEIH (Fundación para el desarrollo Integral de Honduras), que está estrechamente vinculada a la familia y la administración del presidente Hernández.

La FUNDEIH fue incorporada en 2005 por la esposa de Hernández, Ana García Carias. Un documento obtenido por Univision que data de 2016 muestra que Ebal Díaz, ministro de la presidencia y mano derecha del presidente Hernández, formó parte de la junta directiva de la organización junto con un sobrino del presidente, Marco Hernández, y otras personas que trabajan en la Oficina de la Presidencia.

A pesar de las numerosas acusaciones públicas de corrupción y conflictos de intereses que han perseguido a la FUNDEIH en los medios locales hondureños desde 2006, una representante de la organización, Marjorie Antúnez, negó tener conocimiento de las acusaciones, así como cualquier irregularidad.

Todos los fondos estatales recibidos por la FUNDEIH se invirtieron en proyectos sociales y ha beneficiado a más de 400,000 hogares, dijo Antúnez en un comunicado a Univision. “Las personas beneficiarias de los proyectos, en su totalidad han sido de escasos recursos”, agregó, enfatizando la transparencia de los proyectos que estaban sujetos a un proceso rutinario de auditoria. ” No tenemos conocimiento que la FUNDEIH esté siendo investigada por actos de corrupción y tampoco existe justificación alguna para que se haga,” agrego.

Luego de ganar las elecciones, Hernández transfirió el control del fondo al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, muchas de las organizaciones no lucrativas involucradas en la trama en el congreso encontraron nuevas fuentes de financiamiento, incluyendo el emblemático programa de bienestar social del presidente, llamado Vida Mejor, y un fondo de contingencia al que comúnmente se hace referencia como el programa ‘449’ por su número de línea presupuestaria.

La financiación para la FUNDEIH, que se encuentra bajo investigación oficial, aumentó vertiginosamente luego de que Hernández asumiera la presidencia. FUNDEIH recibió más de 91 millones de dólares en fondos públicos de Vida Mejor, según muestran documentos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.

La mayor parte del financiamiento recibido por la FUNDEIH fue para la distribución de estufas ecológicas de leña. En un video narrado por el presidente Hernández sobre estos proyectos, habla sobre el trabajo que él y su esposa han hecho con la FUNDEIH desde 2006.

“El presidente está muy orgulloso de que su visión de bienestar social que ayudó a inspirar el trabajo de FUNDEIMH y FUNDEIH, los cuales han beneficiado enormemente al pueblo de Honduras”, dijo Hernández en su declaración a Univision.

La FUNDEIMH es otra organización sin fines de lucro vinculada a la familia del presidente Hernández. La organización fue objeto de una redada en enero de 2018 por fiscales anticorrupción y está bajo investigación oficial.

La FUNDEIMH insiste en que sus registros están completamente en orden. “Han transcurrido casi dos años del hecho, sin embargo, no hemos visto ninguna acción ni seguimiento desde esa fecha”, un representante de la FUNDEIMH, Mario Cárdenas, le dijo a Univisión. “No hemos sido nunca citados a declarar. No se ha congelado ninguna cuenta. No se ha puesto ningún impedimento legal para seguir nosotros en operaciones”, agregó.

Vida Mejor es un programa de desarrollo estatal altamente politizado, según sus críticos, que se enfoca en brindarles a los ciudadanos transferencias de efectivo condicionales y otros bienes y servicios tales como pisos de cemento, techos de zinc y bolsas de alimentos. Los programas se utilizan a menudo para proyectar la imagen de un político o influir en la conciencia de los electores.

El presidente Hernández rechaza todas las críticas a Vida Mejor. “El programa Vida Mejor opera utilizando los criterios técnicos del Banco Mundial, uno de los financiadores del programa, para diferenciar las áreas locales de extrema pobreza y lo hace sin prejuicios políticos”, Hernández declaró a Univision. El programa había sido “un gran éxito y la gran mayoría de los fondos asignados se han gastado de manera adecuada y eficiente, produciendo importantes beneficios sociales”, afirmó. “Sin embargo, en el caso de que se encuentren casos de corrupción, deben eliminarse. Es la máxima prioridad del Presidente promover la mejora continua de la efectividad, la cobertura y la transparencia del programa”, agregó.

En 2014, el presupuesto para el programa 449 se cuadruplicó hasta llegar a cerca de 400 millones de dólares anuales. Esencialmente era una caja chica administrada por el presidente, los registros judiciales y los documentos obtenidos por Univision muestran que dentro del fondo 449 hay un “programa de asistencia social” que opera con el mismo modus operandi que el Fondo de Desarrollo Departamental, con dinero que a menudo se canaliza a los legisladores o a campañas políticas en lugar de al financiamiento de proyectos de desarrollo.

La ‘Marcha de las Antorchas’

En 2015, cuando salieron a la luz detalles sobre un enorme escándalo de corrupción que involucró la malversación de cientos de millones de dólares del sistema nacional de salud, decenas de miles de hondureños salieron a las calles, generando un movimiento de protesta llamado la “Marcha de las Antorchas”, el más grande que se había visto en el país desde el golpe de estado de 2009.

Hernández, que en ese momento estaba en el segundo año de su primer mandato como presidente, se vio obligado a admitir que una parte del dinero malversado se había dirigido a sus fondos de campaña. Dados los vínculos del presidente y de su partido con el escándalo, y una histórica falta de independencia del sistema judicial, los manifestantes exigieron la creación de una comisión internacional contra la corrupción.

Consciente de la amenaza, pero desesperado por aplacar las protestas, Hernández optó por entrar en negociaciones con la OEA. De ahí surgió la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), una misión similar pero más pequeña y con menos autoridad que la CICIG de Guatemala (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), que acusó y encarceló al expresidente Otto Pérez Molina.

El 19 de enero de 2016 se firmó el acuerdo, otorgándole a la MACCIH un mandato de cuatro años.

Durante buena parte de los dos años siguientes la MACCIH comenzó a sentar las bases de su trabajo, estableciendo un tribunal anticorrupción y una unidad de fiscalía de élite para combatir la impunidad, llamada la UFECIC, que se asociaría con la comisión. También promovió reformas electorales y penales, como la aprobación de una ley de negociación de cargos y condenas, considerada una herramienta legal crucial para preparar casos de corrupción.

Pero “el congreso hondureño retrasó y debilitó en repetidas ocasiones las reformas propuestas por la MACCIH… obstaculizando los esfuerzos anticorrupción de la misión”, escribió el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos en un informe publicado el 4 de junio.

Cuando en diciembre de 2017 la MACCIH anunció su primera acusación –contra cinco legisladores salientes por malversación de dinero del fondo de desarrollo del congreso a través de una organización sin fines de lucro– pocos comprendieron las repercusiones. Pero en los pasillos del gobierno se reconoció inmediatamente la amenaza, lo que disparó alarmas que sonaron desde el Congreso hasta el palacio presidencial.

Un mes después de la acusación se reformó una ley para proteger a los legisladores del enjuiciamiento relacionado con el mal manejo del fondo de desarrollo del Congreso, anulando la causa contra los cinco legisladores. El entonces jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, exfiscal y primer ministro de Perú, consideró la reforma un “Pacto de Impunidad” y dio los primeros indicios del alcance de la corrupción, al anunciar que hasta 60 legisladores podrían estar implicados en la trama, entre ellos el presidente del congreso, Mauricio Oliva. Oliva negó las acusaciones.

Poco después, Jiménez renunció por lo que describió como falta de apoyo por parte de las autoridades hondureñas, así como por desavenencias con el liderazgo de la OEA.

La MACCIH continuó su trabajo bajo el mandato de un nuevo jefe, Luiz Antonio Marrey, un exfiscal estatal brasileño de São Paulo que renunció en junio después de un año en el puesto.

El caso ‘Pandora’

En junio del año pasado, la MACCIH presentó su causa más grande hasta la fecha, llamada apropiadamente ‘Pandora’, por el célebre recipiente de la mitología griega que encerraba todos los males del mundo. En este caso, se utilizaron presuntamente dos organizaciones sin fines de lucro pra malversar aproximadamente 12 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Departamental y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con la acusación de la fiscalía. La mayor parte del dinero terminó utilizándose para financiar las campañas de los dos partidos políticos tradicionalmente dominantes.

Una vez más, Hernández enfrentó la vergüenza de que su campaña presidencial de 2013 recibió fondos ilícitos. Pero podría haber sido mucho peor.

Una revisión de los documentos judiciales muestra un patrón claro según el cual su hermana, Hilda Hernández, quien era confidente cercana y copresidenta de la campaña, firmaba contratos con proveedores que luego, incluso el mismo día, se pagaban con cheques emitidos por las organizaciones sin fines de lucro implicadas. Otros involucrados en la trama declararon que recibían instrucciones de Hilda Hernández sobre cómo gastar el dinero, entre ellos una mujer que realizó transferencias electrónicas no reveladas previamente con fondos ilícitos a asesores de campaña extranjeros.

Funcionarios con conocimiento del caso le dijeron a Univision que si Hilda Hernández hubiera sobrevivido al accidente de helicóptero habría estado entre los acusados.

El hombre que administraba las dos organizaciones sin fines de lucro involucradas en la causa, un abogado llamado Fernando Suárez, fue arrestado y ahora coopera con los fiscales. En diciembre, declaró ante el tribunal que trabajaba bajo la dirección de Hilda Hernández como parte de una trama de malversación de fondos que se extiende mucho más allá del alcance de la acusación.

“Fernando era el hombre de confianza de Hilda”, dijo Omar Menjívar, el abogado que representa a Suárez. “La plata que salía de estas fundaciones se la daba a Fernando y él se la llevaba a Hilda”.

Para su propia protección, Suárez se encuentra aislado en una celda especial de la cárcel por agentes de una unidad de investigaciones criminales de élite, conocida como ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal).

Con el fin de fundamentar las acusaciones, Suárez entregó miles de documentos, incluyendo cheques, recibos, estados de cuenta bancarios y más, relacionados con una red de organizaciones sin fines de lucro que, según él, se utilizaron en la malversación de fondos, principalmente del Fondo de Desarrollo Departamental, el programa 449 y Vida Mejor.

“Las decisiones las tomaba la ingeniera Hilda Hernández con el conocimiento del presidente de la republica Juan Orlando Hernández Alvarado”, dijo Suárez durante un procedimiento judicial en diciembre, durante el cual describió las acusaciones.

En una declaración proporcionada a Univisión, el presidente Hernández dijo que “… hasta donde él sabía, ella (Hilda Hernández) nunca estuvo involucrada en ninguna forma de conducta ilegal, y solo quería lo mejor para el pueblo de Honduras”.

Univision identificó otras 14 organizaciones sin fines de lucro – además de las dos nombradas oficialmente en la causa Pandora – en una red que giraba en torno a Suárez e Hilda Hernández que recibieron 17 millones de dólares adicionales.

Entre las personas implicadas en Pora estaba Dalia Palma, quien trabajó como asesora legal del Congreso y se encargaba de supervisar el Fondo de Desarrollo Departamental bajo la supervisión del diputado Ricardo Diaz, según una declaración que hizo a los fiscales durante la investigación. Las fuentes que hablaron con Univision bajo condición de anonimato afirmaron que Palma había huido del país porque fue amenazada de muerte.

En 2010, Díaz y su colega legislador José León solicitaron fondos del Fondo de Desarrollo Departamental en nombre de la Fundación Dibattista sin fines de lucro, que según la acusación de Pandora fue una fachada para lavar dinero. De 2011 a 2013, Díaz y León se unieron a otros legisladores, incluido el vicepresidente del Congreso Antonio Rivera y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oswaldo Ramos, y la ex vicepresidenta del Congreso Lena Gutierrez, en la solicitud de fondos en nombre de organizaciones sin fines de lucro que, según documentos y fuentes familiarizadas con el caso, fueron administrados por Palma.

Díaz, León, Rivera, Ramos y Gutiérrez no respondieron a solicitudes de entrevista enviadas por Univision. Gutiérrez aparece en la lista de funcionarios del Departamento de Estado que “presuntamente han cometido o facilitado la corrupción” y actualmente está siendo juzgado por un plan de corrupción que involucra al sistema de salud pública. Gutiérrez se declaró inocente de los cargos.

Algunas de las organizaciones sin fines de lucro en la red fueron identificadas por Suárez como parte de su colaboración con los fiscales. Univision también pudo vincular a otras con sus asociados o familiares.

Además de las personas acusadas en el caso Pandora, al menos 28 legisladores asignaron fondos a esta red, incluyendo el hermano del presidente, Tony Hernández, quien, según Suárez, encabezó un grupo de legisladores que malversaban fondos.

La DEA arrestó a Tony Hernández en el aeropuerto de Miami a finales de noviembre y enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York, aunque él se ha declarado inocente e irá a juicio en octubre.

El presidente Hernández fue implicado en el caso de tráfico de drogas contra su hermano, “para usar el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político”, según un documento presentado el viernes en una corte federal de Nueva York. El presidente Hernández negó la acusacion y la atribuyó a que su gobierno puso fin a la impunidad de los traficantes que ahora quieren vengarse.

El caso Pandora es representativo de la incapacidad de la fiscalía para procesar las investigaciones penales que involucraban a políticos antes del surgimiento de la MACCIH. Los documentos que obtuvo Univision muestran que en 2013 las dos organizaciones sin fines de lucro en el medio del escándalo de Pandora fueron señaladas por actividades características del lavado de dinero. Un par de Reportes de Actividades Sospechosas detallaron cómo se transferían los fondos de las organizaciones sin fines de lucro a los partidos políticos, Suárez y otras personas.

Pero no fue hasta el año siguiente, cuando una persona vinculada a una de las organizaciones presentó una demanda, que se abrió una investigación. Luego, una fiscal trabajó diligentemente en el caso, pero este fue archivado en repetidas ocasiones.

Cuando se filtraron algunos detalles a la prensa en 2014, Menjívar, el abogado Suárez, le recomendó que se entregara. “Si yo hago eso, esa gente me mata”, le dijo Suárez a Menjívar en ese momento. “Pero además la ministra [Hilda] lo va a controlar”.

La fiscal le presentó la acusación al fiscal general en varias ocasiones y cada vez le dijeron que la investigación estaba “incompleta”, según informaron a Univision fuentes familiarizadas con el caso. “Finalmente entendió que no había voluntad [para proceder]”, dijo Menjívar.

Eventualmente se formularon cargos, pero sólo después de que la MACCIH se hizo cargo del caso.

Numerosos Reportes de Actividades Sospechosas revisados por Univision muestran que el mismo escenario se repitió en numerosas ocasiones. La fiscalía tenía información sobre los innumerables vínculos de los políticos con el posible lavado de dinero mediante decenas de organizaciones sin fines de lucro que se remontan a una década atrás o más, pero sólo cuando llegó la MACCIH se utilizó esa información para avanzar verdaderamente en las investigaciones criminales.

“El Ministerio Público antes de la llegada de la MACCIH no estaba avanzando en investigaciones criminales de [las] que tenía información, información con la que la MACCIH, luego de recibirla, al poco tiempo pudo construir un caso para llevarlo a los tribunales”, dijo Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que recientemente realizó un estudio que reveló deficiencias importantes en el sistema judicial hondureño, incluyendo una pesada burocracia que a menudo obstaculizaba o detenía los juicios por motivos espurios.

“Es sólo porque el presidente tomó la iniciativa de crear MACCIH que estos casos de corrupción salieron a la luz en primer lugar”, dijo el presidente Hernández a Univision en su declaración, y agregó que, bajo su dirección, el gobierno lanzó una iniciativa anticorrupción eso incluyó controles más estrictos y auditorías de fondos públicos por parte de organizaciones no gubernamentales.

Venta de votos

Según varios diputados, estas tramas se utilizaron no sólo para financiar campañas políticas y llenarles los bolsillos a los políticos, sino también para comprar votos en el Congreso cuando no se podía lograr un consenso.

“Yo vi como otros partidos pedían millones de lempiras para dar un voto, para cambiar a [un] fiscal, para cambiar la Corte”, dijo el exdiputado Ponce. “Hasta cuando tuvieron que destituir unos magistrados andaban unos diputados pidiendo plata por los votos”.

Los votos para destituir a cuatro jueces del Tribunal Constitucional y reemplazar al fiscal general un año antes fueron de los más polémicos del mandato de Hernández como presidente del Congreso. Eso resultaría ser vital una vez que Hernández fue elegido presidente en 2013.

Aunque la constitución hondureña prohíbe explícitamente la reelección presidencial, “Hernández pudo postularse para un segundo mandato gracias a un fallo de la Corte Suprema en 2015 emitido por jueces cuyos nombramientos él había organizado como presidente del congreso en 2012”, según el reporte del Servicio de Investigación del Congreso.

En 2014, dos nuevos partidos minoritarios lograron obtener más escaños en el congreso que nunca antes, lo cual acabó con el control de los dos partidos tradicionalmente dominantes e hizo más difícil reunir los votos suficientes para aprobar una ley o incluso elegir al presidente del organismo.

“La elección de la presidencia del Congreso Nacional se negoció en función de a quién le iban a dar [dinero] del [Fondo de Desarrollo Departamental]”, dijo Aníbal Cálix, exdiputado del minoritario Partido Anticorrupción que ejerció desde 2014 hasta 2018.

Representantes de los partidos minoritarios de la oposición informaron a Univision sobre los intentos subsiguientes de manipulación por parte de Oliva, el recientemente nombrado presidente del congreso y otros miembros de la directiva del congreso.

“[Oliva] decía: ‘Esto es como un noviazgo, vamos a ver si se comportan”, dijo Fátima Mena,diputada de 2014 a 2018 por el Partido Anticorrupción.

En numerosas ocasiones, Oliva y otros miembros de la directiva utilizaban el fondo de desarrollo del congreso como herramienta de presión. “Si querían llegar a un consenso, mencionaban el fondo, pero decían que habría que llegar a un acuerdo con el presidente para tener acceso”, dijo Mena.

Oliva no respondió a una solicitud de Univision para responder a las acusaciones en su contra.

Otras veces, las ofertas eran más explícitas, como cuando surgió una polémica votación que habría consagrado a la policía militar en la Constitución. Cálix recordó que un miembro de la directiva del Congreso le ofreció aproximadamente 100,000 dólares del fondo de desarrollo para que votara a favor de la policía militar. “Era un soborno al final”, dijo Cálix.

La votación más polémica, e importante, del mandato fue la elección de los miembros de la Corte Suprema en 2015 por parte del Congreso. Los diputados que hablaron con Univision bajo condición de anonimato informaron haber recibido (o tener conocimiento de) ofertas de hasta 500,000 dólares por parte de miembros de la directiva del Congreso. Al final, el partido de Hernández obtuvo suficientes votos como para elegir a sus candidatos preferidos, consolidando así su poder en toda la judicatura.

El presidente Hernández negó cualquier participación en el soborno en su declaración a Univisión, y agregó que estaba “comprometido a eliminar toda la corrupción en el sistema político”.

Un futuro incierto

El mandato de la MACCIH acaba en seis meses y los expertos dicen que, si desaparece, el sistema judicial podría regresar a sus viejas tendencias. Mientras tanto, las tres acusaciones de la MACCIH continúan su camino a través de los tribunales.

Esta semana, los fiscales anticorrupción solicitaron la incautación de 1.7 millones de dólares en activos del producto de la presunta corrupción en la acusación de Pandora, incluidas las propiedades pertenecientes al esposo de Hilda Hernández, una de las 38 personas acusadas en el caso.

“El hecho de que esos casos fueran tan difíciles antes del surgimiento de la MACCIH y que luego se lograra un progreso mucho mayor corrobora la tesis de que no se trataba de la capacidad técnica sino de las condiciones políticas para sacar adelante esos casos que la MACCIH facilitó”, dijo Chuck Call, profesor de la American University que se ha dedicado a estudiar la MACCIH.

“El congreso hondureño retrasó y debilitó en repetidas ocasiones las reformas propuestas por la MACCIH… obstaculizando los esfuerzos anticorrupción de la misión”, escribió el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos en su informe del 4 de junio.

En enero de 2018, el congreso hondureño aprobó una ley que bloqueó efectivamente una investigación sobre el mal manejo de los fondos públicos por parte de los diputados, aunque luego fue revocada.

También se ha resistido a una ley de negociación de cargos y condenas que les permitiría a los fiscales ofrecer sentencias reducidas a cambio de la colaboración de testigos dispuestos a identificar a los autores intelectuales de las tramas de corrupción.

Un nuevo código penal, que entrará en vigor en noviembre de 2019, presuntamente reducirá las sanciones penales por malversación de fondos, fraude, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas, lo cual podría facilitarles a algunos funcionarios corruptos evitar penas de prisión.

Conforme avanza el debate sobre el futuro de la MACCIH, las protestas relacionadas con la marcha de las antorchas llenan nuevamente las calles y se fortalecen semana tras semana. Una reciente huelga nacional de los sindicatos de docentes y del sector de la salud que paralizó el país durante casi una semana puso de manifiesto la debilidad del gobierno en medio de la abrupta caída de sus índices de aprobación, así como las nubes cada vez más oscuras que se ciernen sobre Hernández, su familia y su administración.

La demora en la aprobación de una ley de negociación de cargos y condenas en Honduras, así como los intentos de legislar en favor de la impunidad, demuestran que Honduras aún no tiene la voluntad para actuar por sus propios medios, como no la tenía tampoco hace cuatro años, en particular porque hay tantas acusaciones en torno a funcionarios gubernamentales, dicen los críticos del gobierno.

“Muchos analistas aseguran que los fiscales hondureños tendrían dificultades para continuar su lucha anticorrupción sin la MACCIH u otra fuente de asistencia internacional y apoyo político”, concluyó el Servicio de Investigación del Congreso.

Si la MACCIH se disuelve, dejará abandonadas casi dos docenas de investigaciones abiertas, así como una serie de juicios en curso. La UFECIC y el circuito judicial anticorrupción perderán la cobertura política que hasta ahora les ha permitido operar con una independencia sin precedentes.

“El sistema de justicia hondureño requiere una regeneración democrática y eso no se ha dado todavía”, dijo Arellano del CEJA. “Hay un largo camino por recorrer, y la presencia de la MACCIH ayudaría a que eso ocurriera”.

Las razones por las cuales a muchos políticos les gustaría que la MACCIH desapareciera son evidentes. Ante ellos se reveló una hoja de ruta cuando Guatemala intentó expulsar a la CICIG y finalmente decidió no renovar su mandato sin sufrir un gran rechazo por parte de la comunidad internacional.

“Creo que una parte de la clase política hondureña ha quedado muy contenta con la no renovación de la CICIG porque esto ha dado un ejemplo de qué se puede hacer”, dijo Marrey

El Departamento de Estado de Estados Unidos se mantuvo callado mientras se desarrollaba la situación en Guatemala. Pero un reciente comunicado de prensa solicitando la renovación del mandato de la MACCIH indica que se empleará una estrategia más dura en Honduras. Tras una reciente visita de la Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, Hernández envió la ley de negociación de cargos y condenas al Congreso.

“Es crucial que la MACCIH continúe su importante labor para fortalecer las instituciones y la sociedad civil hondureña y erradicar la corrupción que socava gravemente la seguridad, la prosperidad, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática”, dijo el Departamento de Estado a Univision en un comunicado enviado por correo electrónico.

A pesar de las críticas a la comisión debido a la falta de condenas y un deseo generalizado de que se enjuicie a Hernández, más del 61% de los hondureños desea que la MACCIH siga existiendo.

“[La MACCIH] debería de quedarse hasta que nosotros seamos capaces de poder hacer que los corruptos paguen por sus actos”, dijo Allan Álvarez, de 41 años, en una reciente protesta de la marcha de las antorchas en San Pedro Sula. “En este momento no hay condiciones ni personas capaces de hacer que los corruptos vayan a la cárcel”.

David Adams contribuyó a este artículo

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