El Gobierno laborista del Reino Unido anunció este lunes un ambicioso plan para restringir su sistema de inmigración legal, con el objetivo declarado de reducir drásticamente el número de extranjeros que ingresan y permanecen en el país.
El primer ministro Keir Starmer presentó en Downing Street el denominado «libro blanco sobre inmigración», con el que promete “retomar el control” de las fronteras tras el aumento récord de la migración neta.
Según datos oficiales, el número de migrantes netos se cuadruplicó entre 2019 y 2023, alcanzando las 728.000 personas en el año hasta junio de 2024. El Ejecutivo espera que las nuevas medidas reduzcan al menos 100.000 visados anuales.
Ciudadanía más difícil: 10 años de residencia y mayores exigencias
Uno de los puntos clave del plan es aumentar de cinco a diez años el periodo mínimo de residencia requerido para que una persona extranjera pueda solicitar la ciudadanía británica.
Además, se elevarán las exigencias lingüísticas y académicas para todas las rutas migratorias, tanto para los solicitantes como para sus familiares o dependientes.
La ministra del Interior, Yvette Cooper, explicó los detalles del plan ante la Cámara de los Comunes y enfatizó que el sistema debe estar alineado con la oferta educativa y laboral del Reino Unido.
«Ninguna industria puede depender exclusivamente de la migración para cubrir su escasez», afirmó.
Entre las restricciones más destacadas están:
Solo quienes tengan un título universitario podrán acceder a visados de trabajadores cualificados.
Se elimina la contratación internacional en el sector de cuidados sociales, junto con otros 180 empleos de la lista de trabajos habilitados.
Aumento del umbral salarial y académico para calificar a un permiso de trabajo.
Reducción del periodo posgraduado para estudiantes internacionales: de dos años a 18 meses tras finalizar sus estudios.
Críticas y preocupaciones
Las medidas generaron fuertes críticas desde organizaciones de defensa de los derechos migratorios. El movimiento The 3 Million, que representa a ciudadanos europeos residentes en Reino Unido, expresó su rechazo en redes sociales:
“La gente está siendo empujada a la pobreza y a situaciones precarias. Si no pueden costear los requisitos del visado cada pocos años, se convierten en indocumentados”.
La organización alertó que estas políticas podrían facilitar la explotación y la marginalización, al limitar el acceso a la residencia y a la ciudadanía a quienes puedan costear procesos cada vez más costosos y prolongados.
Contexto político y migración ilegal
El plan llega en un momento en que el partido Reform UK, liderado por el populista Nigel Farage, ha ganado terreno en las encuestas tras las elecciones locales parciales.
La inmigración, tanto legal como irregular, se ha convertido en un eje clave del debate político británico.
Pese a su dureza, el nuevo plan no aborda directamente la migración ilegal por el Canal de la Mancha, uno de los temas más sensibles.
En lo que va del año, más de 11.500 personas han cruzado en botes desde Francia, según cifras oficiales.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que su propuesta busca crear un sistema “justo, equilibrado y sostenible”, aunque activistas y sectores de la oposición advierten que estas restricciones pueden empeorar la situación de miles de migrantes y residentes en situación de vulnerabilidad.