La titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, reafirmó ayer jueves, a través de su cuenta de red social “X”, su incalificable reto de desentrañar dentro de esa institución las redes de corrupción con nexos con el crimen organizado, narcotráfico y en todos los demás ámbitos.
No descansaré hasta limpiar la imagen de este Poder Judicial y romper con la historia de impunidad de nuestro país, enfatizó.
La declaración de la magistrada presidente se dan un día después que el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentara su informe sobre el Clima de Inversión en Honduras.
En ese informe las autoridades estadounidenses les dedican un apartado a las actuaciones del Poder Judicial bajo el título “Sistema Jurídico e Independiente Judicial”.
Por su importancia reproducimos, en traducción libre, lo que consignó el Departamento de Estado sobre la actuación del Poder Judicial de Honduras:
SISTEMA JURÍDICO E INDEPENDENCIA JUDICIAL
Hay informes frecuentes de corrupción dentro del poder judicial, tanto en los tribunales locales como en los casos ante la Corte Suprema.
La Presidente de la Corte Suprema tiene vínculos familiares con la mandataria de Honduras, y los comentaristas y las ONG han señalado que dichos vínculos generan dudas sobre la independencia de la corte.
Las empresas estadounidenses denuncian favoritismo, presión externa y solicitud de sobornos dentro del sistema judicial. La resolución de una disputa comercial o de inversión en los tribunales locales hondureños suele ser un proceso largo.
Los inversores extranjeros informan que la resolución de disputas generalmente implica múltiples apelaciones y decisiones en diferentes niveles del sistema judicial hondureño.
Cada decisión puede tardar meses o años, y por lo general no es posible para las partes predecir el tiempo necesario para obtener una decisión.
Recientemente se ha introducido un sistema electrónico de gestión de casos con el apoyo del Gobierno de los EE. UU. para aumentar la transparencia y reducir la corrupción.
Este sistema se está implementando gradualmente en los diferentes tribunales. Las decisiones finales de los tribunales hondureños o de los paneles de arbitraje a menudo requieren la ejecución posterior de los tribunales inferiores para entrar en vigor, lo que requiere más tiempo.
A veces los inversores extranjeros prefieren resolver las disputas con proveedores, clientes o socios fuera de los tribunales cuando es posible.
Los inversionistas destacan un mecanismo de resolución alternativa de conflictos de muy alta calidad.
El decreto legislativo (N°51-2011), Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, promueve la solución de controversias entre inversionistas mediante
la mediación, la conciliación y el arbitraje previo al uso del sistema judicial.