La precariedad laboral en Honduras no es casualidad; es el resultado de liderazgos entregados, reformas bloqueadas y oportunidades desperdiciadas. Mañana el mundo celebra el Día Internacional del Trabajo, fecha histórica que nació de la lucha por condiciones laborales justas, por el derecho a jornadas dignas y salarios decorosos.
Sin embargo, en Honduras, más que un día de celebración, esta fecha debería ser una ocasión para la reflexión y la autocrítica. El estado actual del empleo en nuestro país no ofrece muchos motivos para celebrar.
Las cifras son contundentes y revelan que el desempleo y el subempleo afectan a una gran parte de la población económicamente activa, condenando a miles de familias a la informalidad y a la incertidumbre.
El trabajo estable y bien remunerado es, para muchos, un privilegio escaso, no una realidad accesible. A esta difícil situación se suma un fenómeno que agrava aún más el panorama: la pérdida de independencia de una parte importante de la dirigencia obrera organizada que, lejos de defender los intereses de los trabajadores, se ha entregado abiertamente a los intereses del partido de gobierno.
La defensa de los derechos laborales ha sido reemplazada por consignas políticas y lealtades partidarias que poco o nada tienen que ver con la dignidad del trabajador. Esta subordinación ha provocado un vacío de representación real.
Mientras los problemas estructurales del mercado laboral se agravan, quienes deberían alzar la voz en nombre de los trabajadores guardan silencio o, peor aún, aplauden decisiones que perpetúan la precariedad.
No puede hablarse de un verdadero movimiento obrero si su autonomía ha sido sacrificada en el altar de la conveniencia política. En el ámbito legislativo también se presenta una inactividad preocupante.
Urge, por ejemplo, la aprobación de una ley de empleo a tiempo parcial que permita regular una modalidad de trabajo cada vez más presente en la economía global. Esta herramienta, correctamente diseñada, abriría oportunidades formales para jóvenes, madres solteras y adultos mayores que hoy quedan fuera o atrapados en la informalidad.
Sin embargo, el miedo a contradecir viejos dogmas ideológicos ha bloqueado cualquier avance en esta dirección. La modernización de la legislación laboral es indispensable si se quiere fomentar la generación de empleo en Honduras.
Apostar por la inversión, la formalización y la capacitación de la fuerza laboral requiere un marco normativo que sea flexible, pero que también garantice derechos. Hoy, por ejemplo, una empresa que quiera contratar personal por horas para atender demandas estacionales o actividades específicas se ve obligada a operar en la informalidad o a asumir riesgos legales innecesarios.
Modernizar la legislación es reconocer que el mundo del trabajo ha cambiado, y que, si nuestro país no cambia con él, seguirá dejando a miles de ciudadanos al margen del desarrollo. Pero nada de esto será suficiente si no se mejora, al mismo tiempo, el clima de negocios.
La inversión privada, nacional y extranjera, no florece en un ambiente de inseguridad jurídica, inestabilidad institucional y hostilidad hacia los empresarios. Se requiere confianza, reglas claras, trámites simples y un sistema que premie al que produce y genera empleo, en lugar de penalizarlo con trabas o incertidumbre. Sin empresas fuertes, no habrá empleo digno posible.
Preocupa especialmente que, en lugar de abrirse a este debate necesario, lo que se propicia es un ambiente de confrontación. La ideología ha sustituido al análisis técnico y la consigna ha desplazado a la reflexión seria sobre el futuro del trabajo.
En vez de discutir con datos sobre cómo atraer inversión, aumentar la productividad o reducir la informalidad, se recurre al discurso fácil de culpar al empresario, al capital extranjero o a tratados internacionales.
Así se pierden oportunidades valiosas para construir consensos y diseñar políticas modernas. No es razonable seguir rechazando propuestas de reforma solo porque “suenan neoliberales”, ni aferrarse a un modelo que ha fracasado en generar empleo digno y sostenible para la mayoría. Sin diálogo técnico, solo queda la trinchera, y en la trinchera no se construye futuro.
Este primero de mayo, más que conmemorarlo con actos oficiales, discursos vacíos o desfiles coreografiados, deberíamos preguntarnos si realmente estamos construyendo un país en el que trabajar no sea un privilegio, sino un derecho garantizado con dignidad.
Los trabajadores hondureños merecen reformas laborales inteligentes y un gobierno que entienda que el empleo digno no se decreta, se construye con políticas públicas responsables y con respeto a la iniciativa privada.
De otra forma, el Día Internacional del Trabajo en Honduras seguirá siendo, tristemente, una fecha para recordar lo que no hemos logrado, cuando debería ser una oportunidad para comenzar a construir lo que aún es posible.
