La Fiscalía de Lucha contra la Corrupción presentó un requerimiento fiscal contra 45 exfuncionarios de hospitales y regiones sanitarias del país por su presunta implicación en un millonario caso de fraude contra el sistema público de salud.
Según la acusación, entre 2009 y 2014, estos exadministradores adjudicaron de manera irregular más de 200 contratos de compra a seis empresas privadas, causando un perjuicio económico de L77,945,993.83 al Estado de Honduras.
De acuerdo con la investigación, las compras fueron ejecutadas sin justificación de necesidad, sin presupuesto asignado y mediante el fraccionamiento de contratos para evadir los procesos de licitación pública exigidos por ley.
Esto constituye una violación directa al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado y al artículo 27 de la misma, que establece la nulidad de los contratos sin respaldo presupuestario.
En muchos casos, se emitieron varias actas de adjudicación el mismo día, excediendo los límites legales para compras menores.
Las instituciones implicadas incluyen hospitales y regiones sanitarias de San Lorenzo, Choluteca, La Paz, Copán, Puerto Lempira, Juticalpa, La Ceiba, Trujillo, Islas de la Bahía, El Progreso y Gracias, Lempira.
Las empresas beneficiadas fueron QUIMTEC, LOFARMA, INCORSA, CEDISA, DICOMER y LABORATORIOS D’ LA ROJA. Esta última recibió 75 órdenes de compra por más de 29 millones de lempiras, sin cumplir con los plazos ni entregar los suministros completos, sin que se le aplicaran las multas correspondientes.
La Fiscalía ha emitido órdenes de captura a nivel nacional e internacional contra varios de los implicados, entre ellos exdirectores de hospitales, administradores regionales, gerentes y socios de las empresas señaladas.
Nombres y empresas
Figuran en la lista nombres como Oscar Danilo Díaz Tábora, socio mayoritario de CEDISA y LABORATORIOS D’ LA ROJA; y Emerita Donina Matamoros, exadministradora del Hospital de San Lorenzo, entre otros altos exfuncionarios del sistema de salud.
El requerimiento fiscal también identifica cómo algunos funcionarios actuaron en colusión con las empresas privadas, adjudicando contratos sabiendo que estas no cumplirían los términos pactados.
A pesar de los incumplimientos, no se activaron las sanciones previstas en el Reglamento de Contratación del Estado, que estipula multas de L 850 diarios por mora en la entrega de insumos médicos y medicamentos.
Este caso se suma a una serie de investigaciones abiertas por la Fiscalía para combatir la corrupción en el sector salud, uno de los más vulnerables y afectados por prácticas irregulares.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables de actos que dañen el patrimonio público y atenten contra el derecho a la salud de los hondureños.
Hasta el momento, no se ha informado cuántos de los acusados han sido detenidos o si se han presentado ante las autoridades judiciales. La Fiscalía continúa con las diligencias para asegurar la comparecencia de todos los implicados y recuperar los fondos sustraídos al sistema sanitario nacional.