El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad.
A esta conclusión llegó un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU. Creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua. A partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que ha presentado hoy a la prensa en Ginebra su primer informe.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua. Cubren un espectro muy amplio de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias. Además, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
“Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad se ha convertido en un arma de persecución contra la población” declaró el presidente del grupo, Jan Simon.
Retiro de nacionalidad y otras prácticas de Ortega y Murillo
A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país.
El gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De éstas, a 222 las expulsaron del país.
“Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir”, explicó a EFE la experta del grupo Angela Buitrago.
Asimismo, el grupo de expertos confirmó que para perpetrar la multitud de crímenes de los últimos cinco años contra la población “una variedad de actores e instituciones” siguieron las órdenes emanadas de la Presidencia y de la Vicepresidencia contra todo aquel con una postura diferente a la del gobierno o que podía ser sospechoso de criticarlo.
Entre los hechos que el grupo ha podido determinar está que la Policía y grupos armados progobierno ejecutaron a oponentes o personas percibidas como tales, y esto siguiendo instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes territoriales del partido de Ortega.
Con Información de EFE.