Tegucigalpa. Las pandillas aprovechan la falta de oportunidades en Honduras y una legislación que impide imputar penalmente a niños para reclutarlos y entrenarlos en el uso de armas, el tráfico de drogas o la extorsión, alertaron este martes expertos, que pidieron una mayor protección de la niñez.
Las maras “se dedican a convencer de una manera engañosa y, muchas veces, bajo amenazas a niños, niñas y adolescentes para que realicen actividades de manera progresiva dentro de la organización”, dijo Rodrigo de la Barra, oficial de Protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Honduras.
“Los niños son utilizados como informantes, estos son llamados banderas, y luego poco a poco se les van confiando actividades más vinculadas a los delitos que cometen estas organizaciones, como la extorsión e incluso el narcomenudeo”, detalló.
Las pandillas se presentan como buenos amigos
Grupos formados por jóvenes y adultos conocidos como “maras” dominan algunos barrios de Honduras con un ‘modus operandi’ basado en el asesinato, la amenaza y la persecución.
De la Barra indicó que el reclutamiento de niñas “es alarmante” en Honduras, donde muchas de ellas son “forzadas a ser parejas de los integrantes de esas bandas”.
En su opinión, las maras se presentan como “buenos amigos” de los niños y adolescentes, a quienes “poco a poco van involucrando en sus actividades”.
Esos grupos están reclutando a menores aprovechando “la desatención” que sufren y que las leyes de Honduras, impiden que los hechos cometidos por éstos puedan ser procesados como delitos penales, añadió.
Deserción escolar y falta de protección
La falta de protección y el abandono de la educación son como “un caldo de cultivo” para el reclutamiento forzado de las maras.
El reclutamiento de niños es “una de las principales causas del desplazamiento forzado en Honduras”, un fenómeno reconocido por el país en 2013.
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El 43 % de las personas que huyen de sus hogares en Honduras son menores de edad, lo que podría estar asociado al riesgo de ser víctimas de acoso sexual o reclutados por grupos organizados, destacó e instó al Gobierno a tratar el problema de manera interinstitucional.