Tegucigalpa. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal luego de una denuncia contra varios exempleados del Instituto de la Propiedad (IP). Quienes enfrentan acusaciones de supuestos delitos penales que afectaron la administración pública y el derecho a la propiedad de las municipalidades de Santos Guardiola, Roatán y Útila, en Islas de la Bahía.
Entre los procesados se encuentran:
- Jorge Alberto Medina Corrales, exoficial legal de la Dirección General de Regulación Predial del IP.
- Marco Tulio Luque, exjefe de la Unidad de Catastro y Geografía de la zona Noroccidental del IP.
- Guadalupe Zabala, excontralor de Calidad de la Zona Noroccidental del IP.
- Flavia Larissa Hulse Perdomo, exjefa del Departamento Legal del IP.
- Celso Rufino Suárez Avilés, exdirector General de Regularización Predial del IP.
- Sybil Aney León Enamorado, exdirectora General del IP.
La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) encontraron indicios de responsabilidad penal en 15 expedientes administrativos de Títulos de Propiedad en Dominio Pleno registrados en el IP.
En ese sentido, la investigación reveló irregularidades en las solicitudes y tramitaciones, incumplimiento de requisitos legales, y documentos técnicamente cuestionables.
Falsificación de documentos
Según el requerimiento fiscal, los funcionarios del IP faltaron a la verdad en dictámenes técnicos y presentaron planos de inmuebles sin fecha de elaboración.
Además, fundamentaron decisiones con declaraciones falsas. Como ser la emisión de certificaciones para inscribir los Títulos de Propiedad en Dominio Pleno.
Dicha certificación, realizada por la exdirectora Sybil Aney León, según la Fiscalía.
Las solicitudes de Regularización de la Propiedad se hicieron efectivas en 2009 en las oficinas del IP en Tegucigalpa, proponiendo como testigos a dos personas cuyos testimonios resultaron ser falsos.
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Lo que afectó los intereses de las comunas de Santos Guardiola, Roatán y Útila.
Los bienes inmuebles, situados en estas zonas, afectan tierras nacionales, incluyendo propiedades del aeropuerto de Islas de la Bahía, según el requerimiento fiscal.