Las elecciones primarias del domingo dejaron al descubierto un hecho gravísimo: la alteración del proceso de distribución del material electoral en las dos principales ciudades de Honduras. No estamos hablando de una simple falla logística o de una “experiencia de aprendizaje”, como lo sugirió el jefe del Estado Mayor Conjunto. Estamos ante el incumplimiento de un deber constitucional que configura un delito electoral y que no debe quedar en la impunidad.
El artículo 272 de la Constitución de la República es claro: las Fuerzas Armadas tienen la obligación de custodiar y distribuir el material electoral, bajo el mando del Consejo Nacional Electoral. En este caso, ambas instituciones fallaron. Las imágenes de las maletas electorales transportadas en microbuses de transporte urbano, sin el resguardo adecuado y sin llegar a tiempo a los centros de votación, demuestran una gestión desordenada y negligente.
La pregunta es: ¿fue incompetencia o una maniobra premeditada? Cualquiera de las dos es inaceptable. Si fue un error logístico, revela una alarmante incapacidad de quienes tienen la responsabilidad constitucional de garantizar el orden del proceso electoral.
Si fue una maniobra deliberada, estamos ante un atentado directo contra la voluntad popular que no puede quedar impune. En ambos casos, las consecuencias deben ser ejemplares, porque lo que está en juego no es solo una elección, sino la confianza en la democracia misma.
El Código Penal y la Ley Electoral tipifican como delitos la obstrucción del proceso electoral y la alteración del normal desarrollo de las elecciones. La negligencia en la entrega del material electoral no es un problema menor. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, hubo mesas que abrieron hasta 12 horas después del inicio oficial de la jornada.
Miles de ciudadanos fueron privados de su derecho al sufragio en un país donde el voto, más que un derecho, es una de las pocas herramientas de expresión democrática que aún se sostienen con dificultad.
El Ministerio Público, que un día antes acaparaba la atención de los medios de comunicación exigiendo la entrega inmediata de un teléfono móvil como prueba de un supuesto delito electoral y que fanfarroneaba de que no permitiría ninguna otra violación del proceso, ahora se limita a decir que “investigará” lo que a todas luces es un megadelito en perjuicio de miles de ciudadanos (pero ya sin la euforia que horas antes exhibían).
La impunidad en Honduras ha sido la norma y la falta de acción en casos como este solo refuerza esa percepción. No basta con anunciar pesquisas; la Fiscalía debe demostrar que esta vez no será igual.
Nuestra Constitución contiene un mandato claro sobre la distribución y custodia de materiales electorales y no contempla que esta obligación pueda ser delegada. Entonces, ¿Quién dio la orden de transportar las maletas en esas condiciones? ¿Quién falló en la planificación y distribución? ¿Quién se benefició del caos? Estas son preguntas que requieren respuestas claras y la deducción de responsabilidades a sus autores materiales e intelectuales.
El CNE no solo administra elecciones; debe garantizar su transparencia y confiabilidad. Su falta de explicaciones claras solo aumenta la desconfianza, más aún cuando intenta deslindarse de una responsabilidad que la Constitución le asigna sin ambigüedades.
Si ni el CNE ni las Fuerzas Armadas pudieron garantizar un proceso limpio en las primarias, ¿qué garantía hay de que no repetirán el desastre en noviembre? Es urgente que corrijan sus fallas, asuman su responsabilidad y presenten un plan concreto.
No hay margen para la improvisación. Honduras no merece otro proceso electoral plagado de irregularidades. Ya hemos vivido suficientes crisis políticas derivadas de elecciones cuestionadas, siendo la más reciente la ilegal reelección y el masivo fraude ejecutado en el 2017.
No se trata de defender a un partido u otro, sino de defender la institucionalidad democrática, pues la transparencia electoral no es un favor ni un privilegio; es una obligación legal y moral. Este megadelito debe ser castigado, de lo contrario estaremos enviando el mensaje de que nuestro proceso electoral se puede manipular sin consecuencias. Y si no hay consecuencias, tampoco habrá democracia.
El pueblo supo reconocer el intento de vulnerar su derecho a votar y respondió con ferviente patriotismo, ejerciendo el sufragio hasta altas horas de la noche y superando así este cobarde crimen contra la voluntad popular. Los mensajes enviados son contundentes: quienes pretendan atentar contra la democracia terminarán siendo derrotados por ella. Los intentos de socavar la democracia no solo fracasarán, sino que fortalecerán la determinación del pueblo.
