Columna de opinión por José Julio Villalba
El conflicto de interés es la nueva pandemia que está carcomiendo la confianza en nuestras instituciones. Aunque a menudo se ignora o minimiza, su impacto es profundo.
En el ámbito de la salud, la política y el medio ambiente, el conflicto de interés corrompe decisiones clave, distorsiona prioridades y, en muchos casos, termina perjudicando a quienes menos poder tienen.
Reconocerlo no es solo un acto de ética; es un imperativo de justicia social. ¿Qué es el conflicto de interés y por qué debería importarnos?
El conflicto de interés ocurre cuando una persona o institución tiene intereses privados —financieros, personales o profesionales— que afectan a su capacidad de tomar decisiones imparciales. A menudo, estos intereses se ocultan detrás de decisiones aparentemente objetivas, pero el daño es real.
Los sesgos introducidos por intereses ocultos pueden afectar a la salud de comunidades enteras, desviando recursos y atención de las verdaderas prioridades.
Es crucial que nos importe. Porque cuando se permite que los conflictos de interés guíen decisiones públicas, los más vulnerables son quienes más sufren.
Las políticas se diseñan no para el bien común, sino para servir a aquellos que ya tienen poder. Las comunidades quedan atrapadas en un ciclo de desigualdad, sin acceso a información confiable ni a políticas que realmente protejan su bienestar.
Las consecuencias del conflicto de interés: una bomba de tiempo El impacto del conflicto de interés en la salud pública es devastador.
Si un investigador es financiado por una empresa farmacéutica, su trabajo puede estar inclinado hacia resultados que beneficien a la industria, no a los pacientes.
Si una agencia de regulación está influenciada por empresas de alimentos ultraprocesados, sus decisiones pueden favorecer a la industria, dejando de lado los riesgos para la salud que esos productos representan.
La confianza en las instituciones se erosiona. Las decisiones que deberían estar basadas en evidencia se ven contaminadas por intereses privados, y lo que es peor, las comunidades quedan en una posición aún más vulnerable, expuestas a políticas y productos que priorizan las ganancias sobre la vida humana.
El costo no es solo una cuestión de salud, es una cuestión de equidad y justicia. Variantes peligrosas: ‘social washing’ y ‘green washing’ El conflicto de interés tiene múltiples caras.
Dos de las más peligrosas son el social washing y el green washing.
Estas estrategias de relaciones públicas buscan encubrir prácticas dañinas bajo un velo de aparente responsabilidad social o ambiental.
El social washing es la simulación de preocupaciones sociales por parte de empresas o instituciones que, en realidad, no hacen nada sustancial por la sociedad.
Es la empresa de comida chatarra que financia programas de salud mientras sigue inundando el mercado con productos que dañan la salud.
Por su parte, el green washing es el truco de hacer que una empresa parezca ambientalmente consciente cuando sus prácticas continúan destruyendo el planeta.
Un ejemplo claro son las compañías petroleras que invierten en campañas de “sostenibilidad” mientras siguen con prácticas que contribuyen al cambio climático.
Estas variantes del conflicto de interés son sumamente dañinas porque crean la ilusión de progreso, mientras perpetúan los problemas que prometen resolver.
El caso de las tabacaleras y las empresas de alimentos ultraprocesados. La industria tabacalera es el ejemplo más infame del conflicto de interés en acción.
Durante décadas, financiaron investigaciones para minimizar los efectos del cigarrillo en la salud pública.
Lo que debía ser una cuestión de salud pública se convirtió en una batalla por la desinformación.
La estrategia era simple: sembrar dudas para retrasar regulaciones, todo mientras millones de personas sufrían enfermedades respiratorias, cáncer y muerte prematura.
Las empresas de alimentos ultraprocesados están siguiendo el mismo camino.
Financian estudios que “demuestran” que sus productos no son tan dañinos como parecen, y promueven campañas de “elección personal”, como si la responsabilidad del daño recayera solo en los consumidores.
Estas tácticas no son errores; son estrategias deliberadas para proteger sus ganancias a costa de la salud pública. Es el conflicto de interés en su forma más brutal y destructiva.
