Fracaso y deterioro institucional son las expresiones que resumen dentro del documento publicado en la víspera por la Conferencia Episcopal de Honduras. Los obispos de la Iglesia católica ya están advirtiendo el fenómeno y lo que le espera al pueblo con semejantes roces políticos causados por personas concretas que no quieren soltar el poder para seguir con el beneficio de la corrupción.
Según el documento, nos dicen que “en el último proceso electoral, la población salió llena de esperanzas, con la ilusión de construir una Honduras nueva. Sin embargo, estamos viendo el regreso de los males de antaño, con el atropello de la ley y de las instituciones. Los políticos y quienes nos gobiernan siguen repitiendo el pasado, impidiendo que se consolide la democracia en nuestro país”. Las cosas cuando se dicen claras y de frente devienen en un compromiso serio y una excusa perfecta para que los de siempre salgan al paso a defender lo indefendible, y no serpia ya la primera vez en el presente gobierno que suceda eso, ya ocurrió y hasta con persecución mediática cuando se denunció acerca de lo ilegal de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Cuando un pueblo sufre por los neo-faraones de los gobernantes de turno con injusticia y sometiéndolo a la esclavitud de la incertidumbre, pobreza, delincuencia, enfermedad y demás plagas, es cuando deben salir de manera oportuna los líderes con credibilidad, con valentía para denunciar esos atropellos y para proponer las soluciones, en eso consisten los profetas, en denunciar la injusticia, pero proponiendo soluciones.
“Estamos preocupados por la crisis política que existe en el país, reflejada en la parálisis legislativa, provocada por el enfrentamiento de los partidos políticos, incapaces de ponerse de acuerdo en la designación de un Fiscal General y un Fiscal General Adjunto”, manifiestan, además, pero eso no es más que una de las piezas más pequeñas del dédalo que mantienen los de siempre, de la injusticia y el abandono a la niñez y a la población de adultos mayores. La elección de las autoridades del Ministerio Público debería ser algo hasta rutinario si el país marchara por sendas de justicia y paz, pero no es así, hay miedo en los sectores políticos por quién quedará en la titularidad, hoy también cuestionada y con la obvia persecución a quienes se atrevan a exponer esa realidad.
También manifiestan los obispos católicos que “la experiencia nos dice que el uso de la violencia, la coerción, la división y la compra de voluntades no son el camino del progreso y la justicia, sino que siempre estarán llevando al país hacia el fracaso y el deterioro institucional”. Eso nos lleva a ver cómo a formación de los “colectivos” del partido de gobierno hacen de las suyas con violencia extrema. Esas personas violentas deberían ser llamadas “de oficio” por las autoridades correspondientes, pero se le obedece más a los caudillos y la ley queda en papel mojado. Lo más tenebroso, aterrador es que desde el mismo gobierno salen voces que dice que allí no hubo violencia con lo acontecido en días anteriores en el intento de la oposición de ingresar a su centro de trabajo, es decir, al Congreso. ¡Increíble!
Que esta vez, sí se oiga, padre.