Redacción. Honduras ha registrado al menos 380 muertes en más de 90 masacres perpetradas desde diciembre de 2022, según un informe divulgado este martes por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
De acuerdo con el organismo, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de estos asesinatos múltiples, que afectan a hombres, mujeres, niños y niñas por igual.
Solo en el primer semestre de 2025, se reportaron 20 hechos violentos de esta naturaleza, con un saldo de aproximadamente 70 víctimas.
Estado de excepción bajo cuestionamiento
El estado de excepción, decretado inicialmente en diciembre de 2022 como medida para reducir los índices de violencia e inseguridad, ha sido extendido en múltiples ocasiones.
No obstante, el Conadeh considera que esta estrategia no está resolviendo el problema de fondo y ha exhortado al Estado a no prolongar más la suspensión de garantías constitucionales.
“El estado de excepción no combate las causas estructurales de la violencia. Solo enfrenta la punta del iceberg del crimen organizado”, señala el informe del organismo.
Llamado urgente a una política de seguridad con enfoque en derechos humanos
Luis Martínez, oficial jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, advirtió que sostener que la seguridad ciudadana solo puede garantizarse a través del estado de excepción es incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Es urgente implementar reformas estructurales tanto en las políticas públicas como en la normativa nacional para construir un modelo de seguridad sostenible y respetuoso de los derechos humanos”, remarcó Martínez.
Persistente violencia e inseguridad
Actualmente, Honduras mantiene un promedio de entre 10 y 12 homicidios diarios, según estimaciones de autoridades locales.
La situación mantiene al país como uno de los más inseguros del mundo, de acuerdo con diversos organismos internacionales.
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El Conadeh concluyó que sin un plan de acción real y estructurado, el país continuará siendo estigmatizado por la comunidad internacional y por sus propios ciudadanos, que siguen siendo víctimas de una violencia que ni el estado de excepción ha podido detener.