Seúl. Por primera vez en la historia de Corea del Sur, un presidente en funciones ha sido formalmente imputado por la Fiscalía. Este domingo, Yoon Suk-yeol fue acusado de liderar una insurrección y de abuso de poder tras haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
La imputación fue solicitada por la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), organismo encargado de investigar al mandatario.
Sin embargo, debido a que la CIO no tiene la facultad de acusar formalmente a un presidente, el caso se remitió a la Fiscalía la semana pasada.
El presidente Yoon ha permanecido bajo arresto preventivo desde el 15 de enero, pero la orden de detención expirará en dos días.
Ante esta situación, la Fiscalía decidió proceder con la acusación, argumentando que las pruebas disponibles justifican la imputación antes del vencimiento del plazo legal.
En Corea del Sur, se puede detener a un sospechoso por un máximo de 10 días, salvo que se obtenga una extensión del plazo o se emita una acusación formal.
Acusaciones y posibles penas
La investigación apunta a que Yoon Suk-yeol conspiró con el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun.
Asimismo, otros altos mandos militares para declarar la ley marcial el 3 de diciembre.
De esa forma, enviando tropas a la Asamblea Nacional con el objetivo de bloquear la revocación de su decreto.
Si se le encuentra culpable de insurrección, delito que no cuenta con inmunidad presidencial, Yoon podría enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, aunque esta última no se ha aplicado en Corea del Sur desde 1997 debido a una moratoria.
Juicio político en paralelo
Además del proceso penal, el presidente enfrenta un juicio político en el Tribunal Constitucional.
Lo que, determinará si ratifica su destitución aprobada por el Parlamento el pasado 14 de diciembre.
En caso de que la corte confirme la inhabilitación, se deberán convocar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.
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Rechazo a prórroga del arresto
El sábado, un tribunal de Seúl rechazó dos solicitudes de la Fiscalía para extender la orden de arresto contra Yoon, quien se ha negado repetidamente a declarar ante las autoridades.
Esta imputación marca un hito en la historia política de Corea del Sur y pone al país en vilo, con posibles elecciones anticipadas y un panorama incierto para el futuro político de la nación.