La presidenta Xiomara Castro firmó este lunes un acuerdo de financiamiento por 50 millones de dólares con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), como parte de una estrategia gubernamental para ampliar la inversión en programas sociales orientados a sectores vulnerables de Honduras.
El préstamo fue suscrito en una reunión oficial con el presidente del Fondo, Abdulhamid Alkhalifa, en el marco del compromiso de la mandataria por priorizar políticas de inclusión social.
El acuerdo también forma parte de un paquete financiero más amplio, que asciende a 130 millones de dólares, e incluye 80 millones adicionales otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Proyectos con enfoque social
Según detalló el secretario de Finanzas, Christian Duarte, los fondos se destinarán a una variedad de proyectos clave, entre ellos:
- Programas de empoderamiento de la mujer
- Casas hogar para poblaciones vulnerables
- Iniciativas de atención a personas con discapacidad
- Apoyo a comunidades indígenas y afrodescendientes
Duarte subrayó que este financiamiento “está alineado con las prioridades de la presidenta Castro, la primera mujer en liderar Honduras, quien ha centrado su política pública en los sectores históricamente marginados”.
Condiciones favorables y respaldo internacional
El préstamo del Fondo OPEP es considerado concesional, es decir, con condiciones más accesibles que los créditos comerciales.
Ofrece cinco años de gracia, un plazo de 15 años para el pago y una tasa de interés cercana al 6 %, considerablemente menor que las tasas del mercado, que rondan entre el 9 % y el 10 %.
“Se trata de una alternativa responsable para sostener los programas sociales del país, bajo condiciones mucho más favorables que las del mercado internacional”, explicó Duarte, quien destacó además que este tipo de financiamiento es vital para países en desarrollo con baja recaudación tributaria y alto costo de endeudamiento.
El acuerdo también fue presentado como una muestra del respaldo internacional al gobierno de Castro, así como un reflejo de la confianza que los organismos multilaterales tienen en las reformas sociales y económicas que impulsa la actual administración.
Con este nuevo financiamiento, el gobierno busca seguir avanzando en su agenda de justicia social y equidad, promoviendo la inclusión y el desarrollo sostenible en comunidades históricamente excluidas del acceso a oportunidades.