Tegucigalpa, Honduras – El gobierno de la presidenta Xiomara Castro desató una fuerte polémica nacional tras oficializar, mediante decreto, la incorporación obligatoria del libro El Golpe 28-J: Conspiración transnacional, un crimen en la impunidad, escrito por el expresidente Manuel Zelaya, al sistema educativo público.
La obra narra los hechos del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando Zelaya fue derrocado por las Fuerzas Armadas.
El Decreto Ejecutivo número 14-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 24 de marzo, establece que el libro deberá ser incorporado como material obligatorio en la Cátedra Morazánica, asignatura centrada en la vida y pensamiento del héroe nacional Francisco Morazán.
Esta decisión impacta directamente los niveles básico y medio del sistema educativo nacional.
Según el documento, se pretende fortalecer la identidad y cultura hondureña mediante la educación, y asegurar que los hechos del golpe de 2009 no se olviden ni se repitan.
El artículo 2 del decreto ordena además a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) la impresión masiva del libro, con la primera edición ya superando las 100,000 copias.
La Secretaría de Finanzas fue instruida a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar el proyecto editorial.
El gobierno ha declarado que los ejemplares serán donados a escuelas, bibliotecas e instituciones públicas.
El libro, de 470 páginas, incluye referencias a figuras políticas actuales como Rixi Moncada, candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
El ministro de Educación, Daniel Esponda, confirmó que el contenido del libro será parte del currículo escolar a partir del segundo semestre de 2025.
“El estudio histórico del golpe de Estado debe ser incluido, con adaptaciones según la edad del alumnado”, declaró. Ante las críticas, Esponda insistió en que se trata de preservar la memoria histórica desde una perspectiva nacional.
Reacciones
Sin embargo, no todos han recibido la medida con agrado. Carlos Sabillón, representante de instituciones privadas, calificó la decisión como “una disposición inconstitucional”, señalando que vulnera el derecho a la libertad de cátedra.
“Se está imponiendo una visión política única del golpe de 2009, lo cual no es compatible con un sistema educativo plural y democrático”, criticó.
Sabillón advirtió que forzar el uso del libro en todos los centros educativos obligará a los docentes a impartir una única interpretación de los hechos, asociada con el partido oficialista.
“Esto va más allá de la educación: es una imposición ideológica”, sostuvo, sumándose a otras voces que reclaman mayor apertura y equilibrio en el tratamiento de temas sensibles.
La decisión ha generado debate público sobre los límites entre la memoria histórica y la politización de la educación.
Mientras el gobierno insiste en la necesidad de educar sobre hechos fundamentales de la historia reciente, sectores de la oposición y la sociedad civil reclaman una reforma educativa que priorice la pluralidad y el pensamiento crítico.