Tegucigalpa — Las Fuerzas Armadas de Honduras respondieron este martes a la solicitud de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien pidió apoyo militar para resguardar la sede del organismo ante recientes protestas de colectivos políticos.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, sugirió a López canalizar su petición a la Policía Nacional, por ser la institución competente para mantener el orden público.
En una carta oficial dirigida al CNE, Hernández recordó que, de acuerdo con el artículo 293 de la Constitución de la República, es la Policía Nacional la encargada de velar por la conservación del orden, la seguridad de las personas y la ejecución de mandatos legales, todo con estricto respeto a los derechos humanos.
“Me permito de manera respetuosa recomendar que su solicitud sea referida a la Secretaría de Seguridad”, indica el escrito.
Comunicado FF.AA.
El pronunciamiento castrense se produce tras los incidentes del lunes, cuando militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) bloquearon el ingreso de empresas oferentes al concurso para la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), provocando tensión en las instalaciones del CNE.
Hernández subrayó que las Fuerzas Armadas están comprometidas con garantizar la seguridad del proceso electoral, pero insistió en que la respuesta ante disturbios corresponde a la Policía Nacional, conforme a su naturaleza civil y sus competencias establecidas en ley.
En la misiva, el jefe militar reiteró además que “toda reunión o desfile público que degenere en riña tumultuaria o en desorden público será disuelta por la Policía Nacional” y destacó la obligación de la institución policial de velar por la convivencia social y la protección de los derechos civiles y políticos durante las elecciones.
El llamado de Hernández coincide con las crecientes tensiones políticas de cara al calendario electoral y pone en evidencia las limitaciones del papel de las Fuerzas Armadas, que según la normativa vigente solo intervienen en seguridad electoral bajo disposiciones específicas, dejando a la Policía la labor de mantener el orden frente a protestas y manifestaciones.
