Décima séptima prórroga
El estado de excepción, implementado inicialmente en diciembre de 2022 por el Consejo de Ministros, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones por decisión del Ejecutivo.
Aunque se ha enviado al Congreso para su aprobación en el pasado, esta vez se mantiene sin su ratificación formal.
El gobierno justifica la medida como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado.
Incluyendo extorsiones, sicariato y secuestros, particularmente en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros municipios de alta incidencia delictiva.
Enfrentamientos en Comayagüela
En paralelo con la nueva extensión, las fuerzas de seguridad intervinieron este viernes la colonia La Laguna en Comayagüela.
Donde recientemente se registraron enfrentamientos entre militares y presuntos miembros de estructuras criminales.
El incidente dejó como saldo la muerte de un agente de la Policía Militar y de un supuesto delincuente.
Críticas y cuestionamientos
Aunque el gobierno asegura que el estado de excepción ha logrado reducir los índices de homicidios y extorsiones, organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil han cuestionado su efectividad y señalado posibles abusos.
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Además, instan a implementar estrategias complementarias que ataquen las causas profundas de la violencia y el crimen.
La medida permanecerá activa hasta principios de enero de 2025, cuando se evaluará nuevamente su impacto y posible continuidad.
Esta extensión abarca 226 de los 298 municipios del país, y mantiene restricciones a ciertos derechos individuales, como la libre circulación.
Mientras tanto, el debate sobre su constitucionalidad y efectividad continúa siendo un tema de discusión entre los diversos sectores de la sociedad hondureña.