Redacción. El Gobierno de Honduras aprobó este viernes la prórroga número 22 del estado de excepción parcial, extendiéndolo por otros 45 días.
La medida, que se implementa desde diciembre de 2022, tiene como objetivo combatir la criminalidad organizada, aunque ha generado fuertes críticas por parte de diversos sectores.
La ampliación fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo PCM 22-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta, y estará vigente hasta el 16 de agosto de 2025, según confirmó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado oficial.
La normativa autoriza la suspensión de ciertas garantías constitucionales en zonas específicas del país, bajo el argumento de que Honduras enfrenta una situación “grave” de violencia e inseguridad, provocada por el accionar de estructuras criminales como maras, pandillas y redes de narcotráfico.
El Gobierno sostiene que esta crisis de seguridad fue heredada de administraciones anteriores.
Asimismo, ha llevado al país a un “estado de calamidad y emergencia generalizada”, afectando principalmente a los ciudadanos más vulnerables, víctimas de extorsión, robos y asesinatos.
A pesar de las acciones ya emprendidas, las autoridades aseguran que la magnitud del fenómeno criminal obliga a utilizar “toda la autoridad y fuerza coercitiva del Estado” para recuperar la paz, garantizar la integridad física de la población y restablecer el orden público.
El decreto también recalca que la violencia organizada “perturba gravemente la paz nacional”, por lo que considera “indispensable y urgente” seguir aplicando este tipo de medidas.
La medida busca facilitar la identificación, captura y desarticulación de estructuras del crimen organizado, consideradas por el Gobierno como mafias que representan una amenaza directa para la seguridad del país.
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Las autoridades señalaron que las maras y pandillas continúan dominando varios sectores del territorio hondureño, empleando tácticas de terror como asesinatos, extorsiones y secuestros para mantener el control de comunidades enteras.
Aunque la medida ha sido respaldada por algunos sectores de la sociedad, también ha recibido críticas de organismos de derechos humanos, que cuestionan los posibles abusos cometidos bajo el amparo del estado de excepción, así como su efectividad real para reducir la violencia a largo plazo.