“El Ladrillo” es un documento preparado en 1973 por un grupo de economistas liberales chilenos, educados en la Universidad de Chicago, bajo la tutela de Milton Friedman. El libelo sentaba las bases para enderezar la fracasada economía socialista de Salvador Allende que había conducido a su país al colapso en tres años de gestión entre 1970 y 1973.
Las medidas contemplaban la liberalización de los mercados, la desregulación comercial, la privatización de las empresas estatales y la reducción del gasto público, como respuesta impostergable a la llamada “Vía chilena hacia el socialismo”, cuyo modelo inspira el doctrinario de algunos partidos políticos y gobiernos del continente, entre ellos, el nuestro.
Obsesionado con el principio marxista de la colectivización de los “medios de producción”, Allende expropió y nacionalizó algunos rubros privados muy importantes, de modo que, para antes de septiembre de 1973, el gobierno controlaba el 40 % de la producción nacional, cuando en 1965, este control no sobrepasaba el 3 %. El efecto de esas medidas fue un tremendo déficit en el gasto público – 31 % del PIB en 1973 – debido al despilfarro para mantener una enorme burocracia y una descomunal red clientelar de activistas, bajo el pretexto de la llamada “justicia social”, que no es otra cosa que la extracción desmedida de los recursos públicos para mantener la fidelidad de funcionarios, líderes gremiales e intelectuales que lisonjeaban al régimen. Así, el gasto público que representaba en 1965 el 41 % pasó a ser, en 1973, el 56 %, más de la mitad del PIB nacional.
El déficit obligó al gobierno a compensar las pérdidas, subsidiando a las empresas estatales para que vendieran a precios fijados por el Estado, un error de novatos que desanima a los productores, genera carestía, promueve los mercados paralelos y reduce el valor real de los salarios. Al deteriorarse el poder adquisitivo de los chilenos, comenzó a cundir el pánico.
Ningún plan económico resulta exitoso solo por servir de ariete de concepciones que anuncian el combate a la desigualdad, la repartición y la reducción de la pobreza, si ello supone que, para seguir despilfarrando el tesoro nacional, los gobiernos tengan que acudir al endeudamiento y a la impresión de dinero sin respaldo. Partiendo de ese escandaloso déficit en 1973, a Chile le llevó casi una década salir del atolladero y mejorar la economía, fuera del autoritarismo represivo del régimen militar. A pesar de esa experiencia, la mayoría de los políticos, por inocencia o por perversión, siguen empecinados en creer que, además de planificar, el rol del Estado es el de controlar la economía de una nación.
El gran problema de países como Honduras consiste en que los gobiernos se limitan a administrar la crisis de manera permanente, prometiendo lugares de ensueño que nunca llegarán. Liberalizar la economía -tal como ocurrió en Chile después de 1973- no resulta del agrado de los empresarios que odian la libre competencia, ni de los políticos acostumbrados a despilfarrar el tesoro nacional. Sin embargo, si queremos salir de la parálisis en que nos encontramos, un programa económico y social se hace necesario aplicar en Honduras a partir del 2026, que contemple la frugalidad en el gasto y la generación de riqueza a través de mercados altamente competitivos. Después de eso podremos hablar de socializar la riqueza y esas cosas.
* Sociólogo
