La detención de Hyrum Baquedano-Rodríguez, un hondureño de 26 años, ha generado polémica en Virginia luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaran el pasado 2 de mayo en Fairfax.
La captura ocurrió pocas horas después de que un tribunal desestimara los cargos más recientes en su contra, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso.
A pesar de la decisión judicial, ICE defendió la acción argumentando que Baquedano-Rodríguez representa una amenaza para la seguridad pública.
Russell Hott, director de la oficina local de ICE en Washington, aseguró: «Aunque el tribunal retiró sus cargos más recientes, Hyrum Baquedano-Rodríguez cuenta con múltiples condenas en Virginia que lo convierten en un grave peligro para nuestros residentes».
Un historial que complica su situación
El expediente migratorio de Baquedano-Rodríguez revela que ingresó irregularmente a Estados Unidos el 25 de agosto de 2018 a través de la frontera de Yuma, Arizona.
Tras ser detenido por la Patrulla Fronteriza, un juez de inmigración le concedió libertad bajo fianza en enero de 2019. Sin embargo, desde entonces, su historial judicial ha incluido múltiples condenas.
En 2022, fue condenado por allanamiento y hurto menor, y en 2023 enfrentó otra condena por ingresar a una propiedad con intención de causar daños. Además, cuenta con antecedentes por alteración del orden público y por contribuir a la delincuencia de un menor.
En noviembre de 2021, también fue arrestado por cargos de exposición indecente que involucraban a un menor, aunque ICE no ofreció detalles sobre el desenlace de este caso.
Posturas encontradas
El arresto de Baquedano-Rodríguez ha reavivado el debate político en torno a la migración en Virginia.
El gobernador Glenn Youngkin expresó su respaldo a la intervención de ICE, afirmando que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad. «Nuestra administración ha sido clara desde el primer día: proteger a los virginianos es fundamental», señaló.
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han criticado la acción, argumentando que la detención posterior a un fallo judicial favorable debilita el estado de derecho.
«Esta situación refleja una desconexión preocupante entre el sistema judicial local y la política migratoria federal», afirmó María Rodríguez, directora de la ONG Justicia Migrante.
El dilema migratorio
El caso de Baquedano-Rodríguez pone en evidencia la tensión existente entre decisiones judiciales locales y la aplicación de políticas migratorias federales.
Aunque el tribunal retiró los cargos más recientes, el historial del joven fue suficiente para que ICE lo considerara una amenaza pública.
El futuro de Hyrum Baquedano-Rodríguez queda ahora en manos de las autoridades migratorias, que decidirán si procede su deportación a Honduras.
Mientras tanto, el caso sigue generando preocupación en la comunidad inmigrante, que teme que situaciones similares socaven el respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso.