Honduras — El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras emitió en las últimas horas una directriz que ha generado revuelo dentro y fuera de la institución castrense: los oficiales pertenecientes a las promociones 28, 29 y 30 deberán entregar sus armas de reglamento, incluyendo pistolas y carabinas, al Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA).
La orden fue comunicada de forma oficial a los distintos directores, comandantes de fuerzas y dependencias militares, y está firmada por el general de brigada René Barahona Alvarado, en su calidad de subjefe del Estado Mayor Conjunto, bajo instrucciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar.
En el documento se establece claramente que los oficiales de las promociones mencionadas deberán entregar su armamento a más tardar el 4 de abril del presente año.
Reacciones y aclaraciones
La medida ha causado sorpresa y especulación, ya que no es común que se retire el armamento reglamentario a oficiales activos.
Algunos analistas han interpretado la acción como un intento por controlar posibles actos de insubordinación o frenar movimientos irregulares internos, especialmente tras recientes señalamientos sobre una presunta inclinación política del alto mando militar.
Ante estas versiones, el general Roosevelt Hernández ofreció declaraciones en un medio local, donde aclaró que la disposición no tiene motivaciones políticas ni disciplinarias, sino que responde a razones logísticas y de administración de recursos.
“Esta notificación es auténtica, pero tiene un propósito distinto al que se ha querido insinuar. Se trata de una cuestión de administración de armamento”, aseguró Hernández.
Explicó que en años anteriores, las promociones de oficiales eran reducidas, con un promedio de 20 miembros, por lo que la distribución de armas no representaba mayor dificultad.
Sin embargo, hoy en día las promociones superan los 80 o incluso 100 oficiales, lo que limita la disponibilidad de armamento para nuevas generaciones de soldados.
El jefe del Estado Mayor Conjunto también subrayó que esta no es una medida aislada ni reciente. De hecho, reveló que el retiro gradual de armamento ha venido aplicándose desde hace al menos siete años, independientemente del mando en turno.
La decisión ha encendido un debate sobre la gestión interna de las Fuerzas Armadas, la transparencia en el uso de recursos militares y la autonomía institucional frente a coyunturas políticas.
Por ahora, los oficiales afectados deberán acatar la orden antes del plazo establecido, mientras las autoridades insisten en que se trata de una decisión técnica y no política.