La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de privación de dominio emitida contra el ciudadano Ebal Jair Díaz Lupián, tras determinar que no justificó el origen de L 32,537,274.30 manejados entre 2017 y 2022.
La resolución ratifica la decisión del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, dictada el 29 de octubre de 2024, y declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa legal de Díaz Lupián.
Con esta resolución, se confirma la privación de dominio sobre L 7,045,098.24, monto que pudo ser asegurado, quedando pendiente de recuperar L 25,492,176.06.
Según detalló el juez de Letras en su fallo inicial, el estudio financiero realizado abarcó el período de 2017 a 2022, integrando información proveniente de instituciones públicas y privadas.
El análisis evidenció que durante esos años, Ebal Díaz manejó millonarios recursos sin sustento legal ni justificación de origen.
El juez especificó que Díaz gestionó múltiples cuentas bancarias, de las cuales siete permanecían activas al momento de la investigación. En dichas cuentas, se logró asegurar el monto total que fue objeto de la privación de dominio.
Los magistrados de segunda instancia subrayaron en su resolución que “la protección constitucional al derecho a la propiedad no procede cuando esta se obtiene mediante la violación de bienes jurídicos o se destina a actividades ilícitas”.
Recalcaron que la acción de privación de dominio tiene como fin proteger el interés público, la legalidad y el bien común.
“El Estado está plenamente legitimado para limitar o privar del dominio sobre bienes obtenidos ilícitamente, y así recomponer el orden social quebrantado”, concluye el fallo.
La privación de dominio es una figura jurídica que permite al Estado desapoderar bienes, productos, instrumentos o ganancias que se deriven de actividades contrarias a la ley, incluso sin necesidad de una condena penal previa, siempre que se acredite el origen ilícito de los mismos.
Este caso representa un nuevo paso en los esfuerzos del sistema judicial hondureño por combatir la corrupción y garantizar la recuperación de bienes en favor del Estado y la sociedad.