Una nueva masacre ha estremecido al departamento de Olancho este lunes. Tres personas fueron asesinadas a disparos mientras se desplazaban en su vehículo por el sector de El Higuerito, en la carretera que conduce de la comunidad de Limones hacia Salamá, en el municipio de Silca.
Las víctimas fueron identificadas como Exar Edulfo Paz Murillo (53 años), su hermana Leda Esperanza Paz Murillo (56) y su cuñada, conocida preliminarmente como Ana Cristina Castro.
Los tres se dirigían a su propiedad cuando fueron emboscados por desconocidos armados.
Según información no oficial, una cuarta persona habría sobrevivido con graves heridas, aunque las autoridades aún no confirman su identidad ni estado de salud.
El vehículo en el que se transportaban las víctimas fue encontrado abandonado en una zona boscosa, con múltiples impactos de bala.
La escena del crimen fue acordonada por elementos policiales, mientras equipos forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos.
Luto familiar y llamado desesperado del alcalde
La tragedia tocó directamente a las autoridades locales. El alcalde del municipio de Silca, Pablo Arturo Paz, confirmó que las víctimas eran sus tíos y la pareja de uno de ellos.
Consternado, lamentó públicamente el crimen y lanzó un llamado urgente al gobierno central.
“La policía sabe qué significa: tres puntos, tres rayas y tres puntos… eso es un SOS en clave Morse. Como quieran, de mil formas les pedimos, en nombre de la gente de Silca y de mi familia: la violencia está cobrando ya demasiadas vidas”, expresó en tono enérgico.
El alcalde advirtió que la situación de inseguridad en la zona se ha salido de control, y pidió mayor presencia estatal ante el avance de estructuras criminales y actos violentos cada vez más frecuentes.
Este hecho se suma a una preocupante ola de violencia que azota distintas regiones del país.
La muerte de estas tres personas eleva el número de víctimas en masacres ocurridas en Honduras en lo que va del año, encendiendo nuevamente las alertas sobre la necesidad de reforzar la seguridad rural, especialmente en zonas conflictivas como el interior de Olancho.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya inició las pesquisas del caso, mientras familiares exigen justicia y medidas urgentes para evitar que más comunidades sigan siendo golpeadas por el crimen.