La reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer un arancel general del 10% a prácticamente todos los productos importados a ese país ha generado en Honduras una reacción ambigua: celebración en algunos sectores y profunda preocupación en otros. La maquila, por ejemplo, interpreta esta medida como una potencial ventaja frente a competidores como Vietnam, China o Bangladesh, que fueron penalizados con aranceles más altos. Sin embargo, esta visión optimista es incompleta porque para otros sectores productivos del país esta decisión ha sido un golpe devastador. Numerosas empresas hondureñas, algunas con décadas de experiencia exportadora hacia el mercado estadounidense, están enfrentando un abrupto descenso en sus ventas. La ventana de oportunidad que se abre para unos representa, al mismo tiempo, una puerta que se cierra abruptamente para otros. El aumento de precios por efecto del arancel ha vuelto sus productos menos atractivos en el mayor mercado del mundo. La consecuencia inmediata es la cancelación de pedidos, contratos en revisión, y lo más preocupante, la posibilidad real de que muchas de estas empresas entren en una fase crítica que podría llevarlas al cierre.
Por eso resulta urgente que nuestro gobierno abandone la pasividad y actúe con la misma velocidad que exige a sus empresas para adaptarse a las circunstancias. La imposición del arancel no fue un acto caprichoso de Washington. Se trata de una respuesta a las barreras no arancelarias al comercio que Honduras ha venido aplicando de manera sostenida. Estas barreras, identificadas en documentos oficiales del gobierno estadounidense, específicamente en el reporte anual de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), señalan obstáculos regulatorios, exigencias administrativas injustificadas, irrespeto a la propiedad industrial y otras medidas que, en conjunto, afectan el principio de reciprocidad en el comercio internacional.
Es decir, el arancel del 10% impuesto a nuestras exportaciones no es una causa, sino una consecuencia. Lo preocupante no es únicamente la pérdida de competitividad, sino la actitud indiferente del Estado hondureño frente a un diagnóstico que está claramente trazado y documentado por su principal socio comercial. ¿Qué más se necesita para iniciar un proceso de corrección? La solución no requiere de grandes negociaciones, sino de decisiones administrativas firmes. En primer lugar, el gobierno debe instalar una mesa técnica de emergencia con el sector privado exportador, con el objetivo de revisar punto por punto el listado de barreras identificado por el USTR, y definir medidas inmediatas de corrección. Esto no solo ayudaría a presentar un caso sólido ante Washington para solicitar una reconsideración del arancel, sino que enviaría una señal política de seriedad y voluntad reformadora.
En segundo lugar, deben eliminarse de inmediato aquellas medidas regulatorias internas que, sin una justificación técnica razonable, terminan funcionando como obstáculos al comercio. Un ejemplo concreto y vigente es la aplicación del impuesto sobre ventas a la importación de costillas de cerdo únicamente porque el empaque está rotulado en inglés, con base en un decreto del año 2014. Este tipo de disposiciones, además de anacrónicas, contradicen las prácticas comerciales internacionales y exponen al país a sanciones o represalias, como las que ahora enfrentamos.
La solución está en nuestras manos, pero no da lugar a sentarse a esperar una concesión unilateral de Estados Unidos, sino de restablecer condiciones de equidad a través de decisiones políticas y técnicas que el país puede y debe adoptar. Lo contrario sería permitir que sectores enteros de nuestra industria colapsen por la inacción frente a una advertencia que llegó con tiempo y con claridad.
No es posible construir una estrategia nacional de exportaciones sobre la base de la división entre sectores favorecidos y sectores sacrificados. El éxito de la maquila no puede sustentarse en el hundimiento de otras industrias. Lo que el país necesita es una política comercial coherente, que piense en el largo plazo y que entienda que el acceso preferencial a mercados como el estadounidense no es un derecho adquirido, sino un resultado que se renueva todos los días con cumplimiento de compromisos y credibilidad institucional.
Ya hay empresas en crisis, líneas de producción detenidas y empleos en riesgo. Si el gobierno no actúa de inmediato para desmontar las barreras no arancelarias que originaron este castigo, Honduras podría perder capacidades productivas valiosas y mercados construidos con décadas de esfuerzo. El arancel del 10% no solo encarece nuestras exportaciones: puede convertirse, si persiste, en un golpe letal para sectores enteros. Quienes sufren sus efectos no tienen tiempo para diagnósticos eternos ni promesas sin acción. Necesitan respuestas ya.
