martes, 31 enero 2023

EL UNICORNIO IDEOLÓGICO: De salarios mínimos y canastas básicas

Las políticas sobre el salario mínimo las establecen personas privilegiadas que tienen la capacidad de consumir productos costosos, acudir al “gym”, y al nutricionista. Son personas que se esfuerzan para que los trabajadores puedan consumir, al menos, dos tiempos de comida al día, ir al estadio el fin de semana, y asolearse en la playa de vez en cuando. Esto no incluye la recarga semanal del teléfono celular ni las cervezas, pero “ya es algo” como decimos acomodaticiamente para dorar la píldora frente a la imposibilidad de resolver un problema.

Técnicamente, los salarios mínimos se estiman sobre la base de la llamada “Canasta Básica Familiar” -o CBF-, un cálculo economicista que resulta después de tasar los productos de menor calidad, para luego emitir una lista que refleja los precios promedio de los productos en el mercado, pero nada de delicatessen. El análisis se parece mucho a los reportajes que hacen los periodistas cada viernes en los puestos de verduras, informando al público sobre los precios de los productos más populares. La información resulta útil para ir de compras el sábado, pero no sirve de mucho para tomar decisiones en periodos más amplios, puesto que los mercados observan comportamientos caprichosos, dependiendo de la oferta y la demanda de cada producto. Eso funciona perfectamente en Cuba, donde el Estado congela los precios, controla el mercado y porque tiene el poder para hacerlo. A un costo altísimo, eso sí, porque los controles estatales sobre los mercados -politizados como son-, generan más pobreza que otra cosa.

De todas maneras, los burócratas del Banco Central emiten el anuncio oficial del llamado “Índice de Precios al Consumidor” -o IPC-, que funciona como el elemento clave para calcular el coste de la Canasta Básica. Con esa información, los actores estelares -empresarios y sindicatos-, se sientan a platicar en enero de cada año, en un estira y encoge que aparenta una encarnizada “lucha de clases”; pero luego entra en escena el Estado, en calidad de árbitro de VAR, y todo parece calmarse. Con el acto, el Estado gana opinión pública favorable, los líderes sindicales pueden reciclarse en el puesto, mientras los empresarios salen corriendo a “indexar” el ajuste al consumidor final. Al final de cuentas, lo que se logra es aumentar la inflación, el desempleo y alterar los precios de los salarios.

A los cálculos de los economistas de pizarrón -como les llamaba von Mises-, nadie les pone reparos por suponer que las métricas matemáticas son inobjetables. Entonces surge un problema: como no existe una receta universal para establecer el salario mínimo, puesto que la estrechez y la angustia no pueden reflejarse con ecuaciones complejas -recordar el Índice de Gini-, entonces, lo que hacen los políticos, empresarios y sindicalistas, es estandarizar un precio nacional, creyendo que de esta manera han arreglado satisfactoriamente el asunto.

Eso de estandarizar salarios -viejo ardid sindical-, no solo genera problemas de inflación al aumentar los factores de producción -y los precios-, sino también que promueve la insatisfacción de los empleados más productivos, reduce los beneficios y la oferta de puestos de trabajo, obliga al cierre de pequeños negocios, pero, sobre todo, se crea un sistema salarial irreal frente a la oferta y la demanda laboral. Para corroborar lo del mercado paralelo, entrevistemos a los trabajadores de bodegas, glorietas, pulperías, quioscos, talleres de mecánica, y determinemos el arcoíris de situaciones no sujetas a la demagogia tripartita.

La única salida justiciera que se nos ocurre para determinar el salario mínimo, además de despolitizar el proceso de negociación, es reformar el código laboral, determinar las capacidades de productividad empresarial por rubros y niveles, y establecer un procedimiento legal de negociación salarial entre los sindicatos y los propietarios de cada empresa. Desde luego que eso implicaría una pérdida del poder del Estado y los eternos líderes sindicales, pero obligaría a los empresarios a elevar el rendimiento productivo para pagar mejores salarios.

Héctor A. Martínez (Sociólogo)

 

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