SAN PEDRO SULA. Nueve personas involucradas en la construcción del proyecto habitacional “Ciudad Jaraguá”, ubicado en San Pedro Sula, fueron detenidas ayer por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), debido a que supuestamente esta obra presenta irregularidades.
El requerimiento fiscal con órdenes de captura, contra los empresarios y exfuncionarios municipales, fueron giradas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA).
Asimismo por la ATIC y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).
Según las autoridades estas personas estarían involucradas en la supuesta construcción ilegal de este proyecto ubicado entre Armenta y El Zapotal.
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público en la zona norte, señaló que ocho de las detenciones se llevaron a cabo en San Pedro Sula.
Mientras que la otra se realizó en Tegucigalpa.
Allí se arrestó a César Octavio Elvir Prieto, representante legal y presidente del consejo de administración de la sociedad mercantil MPG, S.A. de C.V.
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Personas detenidas
Detalló que, en San Pedro Sula, detuvieron a Antonio José Oviedo Prieto, gerente general de la Sociedad Inmobiliaria El Activo, S. de R.L..
Comentó que a estas dos personas se les supone responsables del delito de corte ilegal de producto forestal.
También, daños en su modalidad de agravados, urbanización ilegal en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas, medio ambiente del Estado de Honduras y del orden territorial.
Asimismo, aprehendieron a José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante legal de la empresa constructora “Desarrollos Urbanos Gutiérrez D.U.G”, a título de autor del delito de urbanización ilegal, en perjuicio del orden territorial.
De igual forma a Wilfredo Umanzor Sabillón, representante legal de la empresa Yesera Umanzor comerciante individual a título como autor del delito de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Exfuncionarios municipales
Entre los exfuncionarios municipales capturados están Samuel Alexander Fajardo Escalante, de la Unidad de Contaminantes en DIMA.
Martín Ramón Galo Roldán de la Unidad de Cuencas Dima SPS.
También Santos Turcios García Jefe de la Unidad de Licencias Auditorias y Seguimientos.
Y Fausto Daniel Bográn Cárcamo, director de la Unidad de Protección y Control Ambiental.
A estos ex funcionarios se les imputan los delitos de violación de los deberes de los funcionarios a título de autores, en perjuicio de la administración pública.
Mientras tanto, a Cristy María Raudales Barahona, gerente general de la División Municipal Ambiental de la Municipalidad de SPS, la suponen responsable de tres delitos de abuso de autoridad a título de autor.
Y esto, en perjuicio de la administración pública.
INVESTIGACIONES
Las investigaciones hechas por las autoridades, indican que el proyecto inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y la creación de calles.
Lo que habría causado daños y perjuicios al medio ambiente principalmente a las fuentes de agua, flora y fauna de la zona de reserva.
“El proyecto Jaraguá, desde sus inicios, presentó una serie de inconsistencias e irregularidades, por tanto, nunca debió haberse construido, nunca debió haberse iniciado en vista que los permisos que presentaban no reunían los requisitos”, dijo Guzmán.
De acuerdo con lo detallado por el portavoz del MP, los exfuncionarios municipales acusados no estaban autorizados ni facultados para extender estos permisos donde autorizaban el corte y aprovechamiento de productos forestales y licencias ambientales sin observar las disposiciones administrativas.
Permisos y licencias ambientales obtenidos de manera irregular
El funcionario dijo que a pesar que estos permisos y las licencias ambientales fueron obtenidos de manera irregular, los representantes legales de las empresas desarrolladoras del proyecto Ciudad Jaraguá, continuaron con la construcción.
Y, rápidamente, contrataron a dos empresas para realizar trabajos de voladura de rocas con explosivos y urbanización del proyecto.
Las cuales no estaban autorizadas legalmente para realizar este tipo de actividad.
Agregó que los desarrolladores de este proyecto habitacional lo dividieron en tres partes para luego solicitar la licencia ambiental como un proyecto Categoría 3.
Pero los diferentes dictámenes e informes emitidos por FEMA del Ministerio Público y Secretaría de Recursos Naturales concluyeron que dicho proyecto, de acuerdo con sus dimensiones supera los 30,000 m2 y en razón de su naturaleza, su impacto ambiental muy alto, su tipo de construcción, características de la urbanización, sitio geográfico de ubicación y zona considerada ambientalmente frágil, por lo que su categoría es número 4.
Según Guzmán, los únicos que podían detener el proyecto era la Corporación Municipal de este tiempo.
Ya que pudo haber rechazado las solicitudes, pero no fue así.
Al tiempo que añadió que la Fiscalía inició la investigación debido a las múltiples denuncias que recibió por parte de la población.
“La Municipalidad de ese entonces debió haber parado el proyecto habitacional, no lo hizo”
“El proyecto continuó y pese a todas esas situaciones irregulares que se presentaban en cuanto al otorgamiento de permisos, fue cuando la Fiscalía, entonces, empezó a hacer investigaciones”
“Comprobando que efectivamente había acciones irregulares en la zona”, agregó Guzmán.
Trasladados a Tegucigalpa
Para concluir, puntualizó que los ocho detenidos en la Ciudad Industrial fueron trasladados a Tegucigalpa para comparecer antes los tribunales correspondientes.
Mientras que serán las máximas autoridades que decidan si el proyecto Jaraguá continúa o se paraliza.
DATO: El MP señaló que la Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, recientemente realizó inspección a la Urbanización de “Cumbres de Jaraguá” concluyendo que la construcción del sistema de alcantarillado y agua potable no tienen aprobación por la autoridad competente municipal.
