Por razones diversas, la mayoría en menoscabo del interés y bienestar de la población, y priorizando el interés particular de los involucrados o protagonistas de la política vernácula, se ha postergado la aprobación del Presupuesto General de la República que, se espera lo apruebe el Congreso Nacional hoy jueves.
La madrugada del 13 de septiembre 2022, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2023, que asciende a 392,000 millones de lempiras con un aumento del 8% con respecto al presupuesto de 360 mil millones de lempiras de 2022.
Previo al inicio del presente año hubo dimes y diretes desde la oposición y en el Gobierno en relación con gastos supuestamente leoninos y por presunto despilfarro para promover la continuidad del actual Gobierno.
Incluso se acusó de compra de conciencias o votos a través de millonarios ofrecimientos a diputados, algunos de los cuales, sin ningún empacho y desvergüenza recibieron bonos navideños de la cúpula del Poder Legislativo.
Desde el Ejecutivo justifican que el incremento de 32 mil millones de lempiras se debe a un aumento en inversión pública en un 116%, y para impulsar programas sociales en educación, salud, los derechos humanos y la estrategia de reducción de la pobreza que absorberá unos 71,000 millones de lempiras.
De acuerdo con expertos, esas elevadas transferencias de recursos que el Gobierno, asevera, destinará a proyectos esenciales hacen difícil sostener las previsiones de crecimiento económico y estabilidad que requiere este país políticamente inestable y socialmente frágil.
La política económica planteada en el paquete económico 2023 está anclada en el optimismo oficial que prioriza el gasto en la política social y los proyectos insignia del Gobierno, sin enfocarse en un proyecto de nación que, al igual que hicieron sus antecesores, solo apunta a la continuidad del partido y del grupo en el poder.
Así, las cosas, las finanzas públicas mermadas a consecuencia del anterior saqueo el cual nunca más debe repetirse, con un presupuesto igual o menor al anterior puede ajustar para obras e incluso sobrar, siempre que no se lo roben.
En ese sentido, el más locuaz contradictor del Gobierno y en las elecciones principal aliado de la pareja Zelaya Castro, Salvador Nasralla a través de un trino exigió: “Aclaren en qué usarán los L17,000 millones de la Partida Confidencial (llamada “otros gastos”) que sube de L8,300 a L23,500 millones. Educación baja de 19% a 16% y Salud baja de 12% a 11%. ¡Propongo comisión de expertos en economía que recomienden lo justo, sin sesgo político!”
Habida cuenta que, como estuvieron las cosas de torcidas durante 12 años, las cuentas no cuadran en el círculo vicioso del poder, el contexto es muy difícil porque el Gobierno está maniatado al no tener dinero y de lo que hay gran parte ya está comprometido o enjaranado.
Se cuestiona además que con la máscara de obras sociales se promueven políticas públicas fomentadoras del asistencialismo con objetivos electorales y están condenadas a fracasar por condicionar la auténtica verdad social: la generación de empleos.
Gobernar pues, no solo es alcanzar el poder y aferrarse y sostenerse en él, no, se trata de la buena y honesta gestión de los recursos para generar bienestar, especialmente para la mayoría, que son los más pobres.
Es por eso que no se puede ni se debe castigar a la educación y a la salud al no destinar en esas áreas la mayoría del presupuesto, lo cual equivale a transitar una ruta errada al no sanar el enfermo sistema de sanidad pública y tampoco enriquecer la formación académica y procurar la capacitación para el desempeño laboral de jóvenes y niños que en la adultez les posibilite la independencia económica.
Y, por ello, es inadmisible retroceder a la etapa de los caudillos y caciques que condicionaban los avances de la educación y la salud para mantener el control político y disponer a su antojo de los bienes públicos y de las instituciones del Estado.
Sumado a eso los tintes ideológicos con los que los artistas del discurso oficial pintan la realidad, es una andanza de cangrejos, es decir, ir en sentido contrario a la estrategia probada que en otros países con líderes más pragmáticos y menos demagógicos ha permitido la recuperación económica.
Adicionalmente debiese ser una obligación que, ante la violencia y el asentamiento del crimen organizado, se dediquen más recursos para libros y escuelas y menos en militares y policías que no son la única solución en el combate al delito ni tampoco respuesta exclusiva a la criminalidad y a la impunidad.
Así, para asegurarse un presente digno y un futuro mejor, no se debe presupuestar el bienestar de la ciudadanía en base a las ocurrencias del mandamás de turno, porque para eso se requiere sapiencia y no buscar soluciones fáciles a problemas complicados.
Herbert Rivera C.
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