Cada Estado del mundo pervive por los impuestos, los cuales deben traducirse en bienestar colectivo, es decir, destinados los recursos para el bien común. En Honduras, una política fiscal bien administrada puede constituir la base de un contrato social renovado entre el pueblo y el Gobierno que, por cierto, como que todavía no le han pasado la brújula para enrumbarnos al despegue económico y social. Para ello es fundamental proporcionar bienes y servicios públicos mejores y más justos, que pueden contribuir igualmente a la consolidación de la misma democracia, para fortalecerla, muy a pesar de lo débil que aún se encuentra debido a las embestidas desde afuera y desde adentro del mismo Estado.
Las políticas fiscales tienen su influencia en el desarrollo de los países y esto es una cuestión no exenta de controversia. Algunos expertos señalan que los impuestos suponen un freno al crecimiento económico, y abogan por mantenerlos a un nivel mínimo; otros consideran que la política fiscal puede servir como mecanismo de estabilización de los ciclos económicos, evitando las escaladas bruscas en los precios y el desempleo. Va siendo hora de promover una tercera perspectiva: la política fiscal no solo puede servir de motor del crecimiento, sino contribuir también a otros objetivos del desarrollo económico y social, como combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades.
Son dos puntas de un mismo asunto, o hunden a un país, o lo sacan adelante. Nosotros pensamos y creemos firmemente en que las políticas fiscales deben ir aparejadas con la aplicación de leyes severas penales en caso de malversación, mala administración, o cualquier retorcimiento en el manejo de los recursos obtenidos en un ejercicio fiscal. Eso nos trae a la memoria frases ya célebres, como la del presidente de El Salvador cuando manifiesta que: “Si nadie roba, el dinero alcanza”. Ese es el punto, más allá de las discusiones keynesianas (intervencionismo estatal), de los seguidores de Friedrich Hayek (libre mercado capitalista), malthusianas o de cualquier pensador de las ciencias económicas.
El gasto público, por ejemplo, debería proporcionar a toda la sociedad bienes y servicios de calidad; si se lograra este objetivo, el gasto fiscal tendría un impacto positivo en obstáculos para el desarrollo como son la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Lo mismo ocurre con los ingresos públicos, si los sistemas de recaudación de impuestos fueran más justos, gozaran de una base más amplia y se adaptan a la naturaleza específica de la economía, podrían recaudar de manera eficiente y sostenible los fondos necesarios para proporcionar esos bienes y servicios básicos. Más bien y adaptados a nuestra realidad, es allí donde debemos llegar, donde esas políticas sean justas y sean manejadas de manera transparente, que lleguen los recursos al campesino, al asequible costo de la canasta básica, a las amas de casa, a los niños y juventud.
Más allá de las teorías, en Honduras se requiere de vigilancia estricta con el estricto acompañamiento de políticas penales de cumplimiento automático, para que ya de verdad se les corte las uñas a los mañosos, tal como se prometió hace ya tres décadas. Los impuestos deben ser justos y vigilados, sino seguiremos tropezándonos en estas tremendas penumbras.