Allanan la vivienda de la exinterventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Karla Patricia Pavón Bustillo.
Quien, según La Agencia Técnica de Investigación (ATIC), se habría apropiado de más de siete millones de lempiras (Lps. 7,140,529.62).
Este dinero serviría como indemnización para los familiares de presos que perdieron la vida en un incendio registrado en el centro penal de San Pedro Sula.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a este caso, condenó al Estado. Lo anterior, por el siniestro ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el que murieron 107 privados de libertad.
Por ese lamentable hecho, se obligó a Honduras a pagar más de trescientos mil lempiras (Lps. 317,000.00) a cada familiar.
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Sin embargo, la exinterventora investigada, haciendo uso de una carta poder, cobró los fondos.
Mismos, que le fueron entregados a través de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH).
Recursos, a los que en parte, les habría dado otro uso para un provecho personal.
Consecuentemente, las diligencias que efectúa el Ministerio Público, por medio de fiscales asignados a la FETCCOP y agentes de Investigación de los delitos en contra de administración pública y patrimonial de la ATIC, están orientadas a la recolección de indicios que puedan constituirse como prueba frente a un eventual proceso penal.
Vale mencionar que, el pasado 21 de enero, se cumplió con una inspección en las instalaciones del INP, donde en ocasiones anteriores se había negado el ingreso del personal fiscal e investigativo.
