lunes, 6 febrero 2023

Ordenan prisión preventiva para exfuncionarios de Invest-H por compra de mascarillas

En el caso de Marco Bográn, los magistrados declararon sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

Por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción ordenó que se revocaran las medidas sustitutivas e imponga prisión preventiva a exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) por el caso de compra de mascarillas.

El Poder Judicial informó que los magistrados de dicha Corte resolvieron declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR).

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Los exfuncionarios de Invest-H son: Alex Alberto Moraes Girón, Carlos Luis Guevara, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández.

En el caso de Marco Bográn, el exdirector de Invest-H, los magistrados declararon sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

Además, confirmó el auto de formal procesamiento por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

INVESTIGACIÓN INVEST-H

El Poder Judicial precisó que los hechos incoados en el requerimiento fiscal, indican que a través de Invest-H, se compró 474 mil mascarillas médicas.

Mascarillas para el personal de salud nacional, por un primer monto de 50 millones 836 mil lempiras.

Posteriormente se realizó otro pago por 39 millones 396 mil lempiras a dos empresas.

En este caso, a criterio de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, prevalecen indicios afines y múltiples.

Que establecen los elementos de tipificación de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude y el indicio racional de participación.

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Es decir, a juicio de esta Corte existen suficientes indicios para sostener razonablemente que los imputados son autores o partícipes de uno o dos delitos; razón por la cual, no hay duda que existe peligro de fuga por la gravedad de la pena que pueda imponerse como resultado del proceso.

También, por la importancia del daño que se deba indemnizar, cuya cuantía dineraria ronda el valor de 40 a 50 millones de lempiras; pero también por la lesión difusa e incuantificable probablemente causada a la salud del pueblo hondureño.

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