TEGUCIGALPA: El problema del hacinamiento en las cárceles hondureñas podría ir disminuyendo. Las cárceles se han ido descongestionando.
A raíz de la pandemia de coronavirus, unos 1,600 reos fueron liberados como una medida para contener la propagación de la COVID-19, que afectó a una buena parte de la población que vive tras las rejas.
Hace tres años, en las cárceles del país había 21,589 reos. Según las cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INP), actualmente la población penitencial de los 26 centros penales de Honduras es de 19,769 internos, de los cuales 1,353 se encuentran en el proceso de preliberación.
Además, se contabilizan 18 reos en hospitales.
En ese sentido, en los últimos tres años han salido libres unos 1,800 presos y la cifra podría aumentar en los próximos años.
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Cárcel domiciliaria para todo prisionero de la tercera edad
La propuesta número 18 de Xiomara Castro para sus primeros 100 días de Gobierno rezaba lo siguiente:
“Propondré cárcel domiciliaria para todo prisionero de la tercera edad con graves problemas de salud”.
La Ley de Indulto para los privados de libertad podría beneficiar a más de 7,000 presos que cumplen penas por delitos comunes, no graves.
La portavoz del INP, Digna Aguilar, señaló que “este es un trabajo arduo que ha realizado el Instituto Nacional Penitenciario con el análisis de expedientes. Ya son más de mil las personas que gozan del beneficio de preliberación”.
El comisionado Otoniel Castillo Lemus ha sostenido reuniones para establecer una comisión interinstitucional que involucre diferentes componentes para analizar los expedientes de toda la población penitenciaria y determinar quiénes pueden gozar de la preliberación y la libertad condicional.
“Se les está dando prioridad a las personas de la tercera edad y a las que atraviesan por una enfermedad en su etapa terminal”, concluyó Aguilar.
Diversas enfermedades
En las cárceles de Honduras hay personas que padecen enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión y problemas renales.
Además, hay más de 100 que sufren problemas psicóticos.
“Lo que nos comenta el personal de salud es que hay muchos diabéticos, hipertensos y hay casos de cáncer. Aclaro que en todos esos pacientes se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud para el tratamiento que se les da”.
“El INP en su partida presupuestaria cuenta con un presupuesto para la compra de medicamentos para este tipo de enfermedades”, detalló Aguilar.
MAYORES DE 70 VAN PARA AFUERA
Por el momento, en los centros penales no hay personas con una edad avanzada cumpliendo sus condenas.
“Muchos de esos privados se encuentran en sus casas, bajo el cuidado de su familia”.
Los centros penitenciarios a través de los trabajadores sociales o los miembros del Consejo Técnico Interdisciplinario lo que hacen es visitas domiciliarias”.
Y ello, “para constatar que el privado esté bien de salud y permanezca en el hogar”, finalizó Aguilar.
Por su parte, el designado presidencial para la Protección de Privados de Libertad, Pedro Joaquín Amador, admitió que el Gobierno tomó la determinación de beneficiar a los prisioneros porque le generan un gasto muy grande al país.
El presupuesto para el INP es de 1,200 millones de lempiras.
Preliberación
“Los privados de libertad implican dinero y eso le va a ayudar al país a descongestionar las cárceles”, dijo Amador, tras agregar que “hasta la fecha se ha podido liberar a 52 presos”.
En sus estadísticas, el INP maneja que hay más de 1,300 reos en condición de preliberación, pero Amador destaca que la mora es mucho mayor.
“La mora es grande, en este momento hay 1,700 en preliberación y están saliendo por partes, un grupo salió en agosto, otro en septiembre y así irán saliendo. Hemos estado conversando con el INP para agilizar este trabajo”, pormenorizó.
Amador lamentó que los jueces se tarden tanto en liberar a los privados de libertad.
“Hay algunos jueces que no les gusta nuestra labor, pero miedo no tenemos. Además, los jueces han sido incompetentes”, aseguró.
Ley de Indulto
Todavía falta que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Indulto que marcaría el final de la condena para miles de presidiarios hondureños que aguardan por abandonar las celdas.
“Ya sabemos que las cárceles son una bomba de tiempo, hay que buscar soluciones inmediatas. Hemos conversado con los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) y otras bancadas para crear la Ley General de Indulto con Requisitos”, expresó Amador.
En los últimos años se han producido una serie de motines en las cárceles, suicidios, riñas y fugas. Las prisiones no son seguras y algunas como la de La Ceiba deben ser demolidas y construidas en las afueras de la ciudad.
“Si aquella persona cumplió tres cuartas partes de su pena o le quedan meses para salir, creemos que es justo que salga para descongestionar los presidios. Hay que evitar las muertes y el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos”, finalizó Pedro Amador.
UNA LLUVIA DE TRÁMITES
El Gobierno está agilizando el trámite para que unos 7,000 mil privados de libertad puedan salir de las cárceles.
Esto representaría una reducción del 35% de la población carcelaria a nivel general. En la actualidad las prisiones solo tienen cupo para unos 12 mil internos.
Una nueva era de la Policía y la seguridad nacional
Para reforzar su promesa de campaña, la presidente de la república, Xiomara Castro, indicó que “iniciaremos una nueva era de la Policía y la seguridad nacional con el proceso de reducir el hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles”.
“Y así mejorar las condiciones inhumanas de los internos, respetando sus derechos humanos. Deben ser separados los internos acusados y procesados de los que ya cumplen una condena”.
No obstante, los representantes de los derechos humanos creen que se debe revisar con lupa los expedientes de los que podrían recibir el beneficio.
“El Gobierno menciona a unos 7 mil beneficiados, pero creemos que buscándolos con lupa podrían salir unos 4,500, la cosa es que no se vaya a prostituir el indulto”, indicó el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.
Maldonado indicó que, el adulto mayor, los enfermos terminales, los que tienen libertad condicional y los que cumplieron su pena en un 70% pueden gozar del beneficio.
