jueves, agosto 11, 2022

Guatemala detiene a su periodista más prominente (1)

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El Gobierno de Giammattei ha quedado pintado como lo que José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que se dedica a saquear al Estado.

Carlos Dada

La detención de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico de Guatemala y uno de los periodistas más reconocidos de América Latina, ocurrió el viernes pasado en su vivienda, mientras fiscales y policías allanaban también las oficinas del diario. Declarado bajo reserva el caso, las autoridades no dijeron ni en un lugar ni en el otro qué buscaban ni bajo qué cargos se llevaban a Zamora. Ante la protesta internacional, el Fiscal Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, se vio obligado a aclarar: “La aprehensión no tiene ninguna relación con su calidad de periodista sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario”.

¿Qué esperaban que dijera? ¿Que lo detienen por el periodismo de su medio que denuncia la corrupción, que tanto incomoda a funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al presidente Alejandro Giammattei y su gabinete, a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y al mismo Curruchiche? ¿Que Zamora es una de las principales voces críticas contra la toma del Estado perpetrada por los mismos oscuros poderes que sacaron a la CICIG, que han montado casos contra jueces, magistrados y fiscales, incluyendo a Claudia Paz y Paz y al ex fiscal especial Juan Francisco Sandoval? ¿Que por eso lo han detenido? No. Lo acusan de lavar dinero.

Las legislaciones centroamericanas tienen, palabras más o menos, la misma definición para el delito de lavado de dinero: es el acto de administrar, invertir o tener dinero sabiendo que proviene de la comisión de otro delito. En otras palabras, es el intento de legalizar dinero de origen ilegal, llámese narcotráfico o corrupción o extorsión. Con otro agravante: el delito es tan grave que la persona acusada no puede defenderse en libertad. El juicio debe enfrentarse encarcelado.

Acusar a Zamora de este delito es establecer públicamente, desde el Estado, la imagen de alguien que trabaja para el crimen organizado. Deslegitimarlo. Igual que hoy a él, la dictadura nicaragüense acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro de lavado de dinero y embargó sus oficinas. A mí también el presidente salvadoreño Nayib Bukele me acusó, en cadena nacional de televisión, de lavar dinero, mostrando imágenes mías.

Hace unos meses, José Rubén Zamora me llamó para solidarizarse conmigo y El Faro, el periódico que dirijo, por las múltiples auditorías amañadas en nuestra contra, ordenadas por el ministerio de Hacienda de Bukele en su intento por construir, en contra nuestra, casos de lavado de dinero o de evasión de impuestos. Sus largas décadas de experiencia en un país como Guatemala, donde no termina de aclarar cuando ya oscurece de nuevo, han expuesto a José Rubén y El Periódico a varias auditorías de este tipo. Es el modo en que operan aquellos que quieren silenciarnos. No me dio muchos consejos ni grandes consuelos, pero me ofreció su casa y me dijo que al final aquellos que nos acusan para tapar sus propios delitos terminarán en la cárcel. Paradójicamente, es él quien está hoy preso.

Él, quien desde hace años denuncia a políticos y militares de su país de apropiarse indebidamente de dinero, de obtenerlo de manera ilícita y luego legalizarlo; es decir, de lavado de dinero. Pero no son aquellos los presos, sino él.

Centroamérica vive hoy un gravísimo retroceso democrático en el que los gobernantes concentran cada vez más poder a costa de los derechos constitucionales de sus ciudadanos. El mayor ejemplo es la dictadura de Ortega en Nicaragua, seguida por el autoritarismo millenial de Bukele en El Salvador; y Giammattei y los grupos narcopolíticos, empresariales y militares en Guatemala. En los tres países el retroceso institucional va de la mano con la corrupción escandalosa y la falta de contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. En estas condiciones, el Periodismo se convierte en el último dique para contener el atropello impune, a través de la investigación, la denuncia y el cuestionamiento crítico al ejercicio del poder.

Tanto la fiscal al frente del Ministerio Público, Consuelo Porras, como Curruchiche, el fiscal que ordenó la detención de Zamora, han sido señalados por actos de corrupción, plagio u obstaculización de investigaciones contra la corrupción, no solo en Guatemala sino internacionalmente. Ambos fueron incluidos en la lista Engel y no han ocultado su intención de vengarse contra todos los operadores del sistema judicial que durante los años de la CICIG intentaron limpiar la corrupción en Guatemala. El mismo día de la detención de Zamora ordenaron y ejecutaron también la captura de la auxiliar del Ministerio Público, Samari Gómez, sobreviviente de la Fiscalía Especial que dirigía Juan Francisco Sandoval, hoy en el exilio. Hay 24 exoperadores del sistema de justicia (exfiscales y jueces) exiliados por la persecución de Giammattei, Porras y Curruchiche, y cinco procesados en Guatemala. Es la venganza del viejo sistema contra quienes estorbaban, o aún estorban, la toma total del sistema de justicia en manos de Porras y Curruchiche. Que sean ellos, los señalados por corrupción, los que encabecen la persecución contra Zamora, ya da muchas luces sobre este proceso.

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