San Pedro Sula, Honduras
mayo 13, 2021 2:04 PM

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CLIMA SAN PEDRO SULA

CUADRANDO EL CÍRCULO: Vivir o morir en Siria

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Herbert Rivera Cáceres
herbertriveca@gmail.com 

No, no me referiré aquí a la guerra civil de aquel país del Medio Oriente, sino a lo que ocurre en el valle con el mismo nombre entre El Porvenir, Cedros y San Ignacio, en el departamento de Francisco Morazán.

Hasta hace pocos años, la población de esos municipios, especialmente de sus aldeas y caseríos, ha debido sufrir los efectos y consecuencias de la explotación minera de transnacionales como “Minerales Entre Mares de Honduras”, y antes, de la mina “San Martín”.

Otro problema, quizás sin visos de tragedia, es el daño ambiental, ecológico y humano causados por las mineras, está a punto de estallar, si no es que lo ha hecho ya, con el colapso de la penitenciaría que, desde febrero de 2015, fue habilitada en el kilómetro 39 de la carretera a la aldea Tumba Hoya, en El Porvenir.

Ahí, según un informe de las autoridades de esa cárcel, hay una población carcelaria de dos mil 310 privados de libertad, no obstante, fue diseñada como prisión de mínima seguridad y construida para posibilitar la rehabilitación de mil seiscientos, es decir, que tiene un exceso o sobrepoblación de seiscientos reclusos.

En esa cárcel se han registrado amotinamientos y riñas con muertos y heridos de bandas rivales, especialmente mareros y pandilleros.

Fotografías internas del reclusorio revelan que ahí nada o poco funciona, los reos derriban puertas y rompen las mallas de alambre que separan los módulos de talleres habilitados como celdas, hay además pocos custodios y está colapsado el sistema de agua -si es que lo hubo pues tres pozos que abastecían ya no lo hacen-, y entre otras cosas, tampoco sirve el drenaje de aguas negras, todo eso consecuencia del desbordado hacinamiento.

La situación no es única de ese reclusorio, es un problema generalizado en todo el sistema carcelario nacional que tiene una población de más de veintiún mil (21,000) privados de libertad en veinticinco (25) centros penales.

La mayoría de esas prisiones tienen infraestructura obsoleta pues fueron creadas para albergar a privados de libertad NO de alta peligrosidad, y solo hay dos centros penitenciarios supuestamente con infraestructura adecuada para esos menesteres, en Morocelí, El Paraíso (“La Tolva”), e Ilama, Santa Bárbara (“El Pozo”).

Ante tal situación, en un reporte de septiembre 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por la crisis en el sistema penitenciario de Honduras debido a la profundización de deficiencias estructurales, especialmente en materia de salud y seguridad, exacerbadas en el marco de la pandemia de la COVID-19.

También se pronunciaron sobre las altas tasas de sobrepoblación que prevalecen en las cárceles hondureña, confirmadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) que, al 31 de agosto 2020, registraba una población carcelaria de 21 mil 670. Asimismo, aproximadamente un 53.7% de las personas privadas de la libertad se encuentra cumpliendo prisión preventiva, y de esos, mil 193 eran mujeres.

En el contexto de la pandemia por coronavirus, la OACNUDH y la CIDH destacan la emisión del Decreto No. 36-2020 de 10 de junio de 2020, dirigido a la revisión obligatoria de las medidas cautelares de prisión preventiva en el caso de personas que tengan una enfermedad de base que las ponga en mayor riesgo frente a la COVID-19, con miras a la aplicación de medidas no privativas de la libertad.

Así, a través del Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios, oficialmente se asevera que, hasta el 12 de junio de 2020, mil 263 reclusos fueron beneficiados con la pre liberación.

La situación, no obstante, sigue siendo de alto riesgo en el tema de salud debido a que, conforme con un reporte estatal, al 31 de agosto de 2020 hubo mil 695 casos positivos de COVID-19 en las 25 cárceles del país. A estas cifras se suman las del personal médico, de seguridad y administrativo de los centros penitenciarios que han resultado positivos al virus; según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Malos Tratos (MNP-CONAPREV), hay más de veinte recluidos muertos por esa pandemia, incluyendo siete mujeres.

Ante tal problemática en la que para algunos el encierro carcelario ha resultado mortal, el Estado debe adoptar medidas de prevención y control en todas las cárceles, que incluya priorizar políticas de reducción de la población penitenciaria y, además, desarrollar una estrategia para garantizar, a través de traslados, la comunicación y acceso a las familias y defensores para posibilitar el arraigo que permite a quienes reúnan las condiciones acceder al beneficio de la pre liberación y posterior libertad condicional que la ley penal contempla.

Aunado al hacinamiento y a los riesgos por contagios virales, es una verdad inocultable que en las prisiones hondureñas se entra vivo, pero hay altas posibilidades de salir muerto también como consecuencia de los altos niveles de violencia, según los constantes amotinamientos y riñas que han dejado casi sesenta reos fallecidos a través de armas de fuego u otros objetos prohibidos.

Por ello, se propone asegurar la adecuada implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer la seguridad en las cárceles, sin olvidar desde el Estado la obligación de acceso a la justicia para los privados de libertad, en especial para quienes son o han sido víctimas de violaciones de derechos humanos.

También se estima primordial la garantía del ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos, las instituciones de protección de esos derechos, y de los jueces de ejecución de la pena.

Igualmente es fundamental que el Estado de Honduras les garantice a las personas privadas de la libertad su integridad física y psíquica, salud, vida, y las posibilidades de su reinserción social una vez purgadas sus sentencias.

De esa manera, quizás se pueda evitar o impedir que las ergástulas, además de escuelas del crimen, se conviertan en tumbas para quienes ahí languidecen hacinados y olvidados como consecuencia de una conducta perniciosa o criminal de algunos, o por un error o falla de otros, y actuar cuanto antes puede hacer la diferencia entre vivir o morir en cárceles como la del valle de Siria.

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