Certeza política – El País

Certeza política

6 enero, 2020 | 4:10 am | Columnistas
Certeza política

Ernesto Alvarado Reina
Abogado y Notario
ernestoalvaradoreina@hotmail.com 

La impecable seguridad, pu­reza, convencimiento en un ideario y realidad de lo pro­metido, constituye sin lugar a dudas una correcta y efectiva influen­cia que el pueblo irremisiblemente acepta en calidad de disposición prác­tica de nutrida concurrencia directa y objetiva, para que posteriormente sea transformada en obras de beneficio co­lectivo.

La verdadera actuación de la de­mocracia implica la participación electoral de todas las fuerzas políti­cas en una contienda o justa delibe­rativa bajo el ropaje de una institu­ción de derecho público reconocida de conformidad con nuestras leyes en vigor.

La representación centralmente implica una agregación política im­pregnada en un plan con nuevos mo­delos y proyectos diseñados para ob­tener mejores y agradables solucio­nes o remedios a los incontables pro­blemas que sufre el país.

El consentimiento político es el ge­nuino concepto de aprobación de las bases y dirigentes de un determina­do Partido Político en aras de partici­par una sola persona postulada en la condición de candidata (o) a la Presi­dencia de la República contando con el respaldo de todos los integrantes o componentes elementales.

En un Gobierno Constitucional surgido de la entraña misma del pue­blo, mediante el ejercicio del voto, se fortalece con la práctica de la Teoría de la División de Poderes, en la que la principal atribución del Poder Legis­lativo está destinada y le correspon­de la función de crear, decretar, inter­pretar, reformar y derogar las leyes; al Poder Judicial aplicar los ordena­mientos jurídicos, y al Poder Ejecuti­vo, nombrar a los Secretarios de Es­tado. Administrar los bienes y la Ha­cienda Pública. Esta forma de Gobier­no es republicana, democrática y re­presentativa, sin relaciones de subor­dinación, actuando de manera inde­pendiente y mediante una genuina complementación.

La Cámara Legislativa hondureña por medio de la promulgación esta­blecida en un Decreto, interpreta de forma deseada la normativa en cues­tión, distribuyendo una metamorfo­sis en cuanto a la práctica de un pro­ceso electoral, envolviendo la modifi­cación sustancial de ella bajo una ves­tidura diferente y peculiar de la de­nominada Interpretación Gramati­cal. En efecto, nadie está por encima de la Ley ni es superior a ella, en con­secuencia, la pretendida paráfrasis se refiere a corregir la información ob­tenida en los cargos de elección po­pular interna o primaria que se fija su vencimiento por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin supuestamente perturbar el hipotético cronograma electivo y tratando de consolidar una certificada manera de equidad, con verdaderas facultades legales para ello. Por otro lado, se instituye la pro­hibición de postular a una persona en distintas planillas de los movimientos de los partidos políticos en contien­da, sin contradecir la reglamentación o régimen estatutario de las institu­ciones de derecho público, en mira a un reglamentado formalmente cierto.

En otras palabras, se debe localizar el ejercicio democrático del voto en todos los puntos electivos de nuestra Geografía Nacional, siendo una ex­presiva garantía de progreso, bien­estar y tranquilidad por entero, pre­tensión de inspiración general conce­bida por el reclamo de la población.

Los partidos políticos tradiciona­les y emergentes, por razones indis­cutibles, impulso inteligente y causas de particular concordancia, formu­lan en sus idearios, un objetivo que ha futuro se convierta en el campo de los hechos en un auténtico patro­cinio colectivo, de paz y bienestar.

La certeza política de los Parti­dos Liberal, Nacional, Innovación y Unidad (PINU), Demócrata Cris­tiano, Alianza Patriótica Nacional, Unificación Democrática, Libertad y Refundación (LIBRE), Institución Anticorrupción y otras entidades le­galmente existentes o en vías de ins­cripción, son la esperanza en la polí­tica hondureña, misma que se repre­senta en los márgenes de la participa­ción electoral con los rasgos consti­tucionales por el cambio firme y pro­minente.

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