Disfraz de la injusticia – El País

Disfraz de la injusticia

16 diciembre, 2019 | 4:10 am | Columnistas
Disfraz de la injusticia

Ernesto Alvarado Reina
Abogado y Notario
ernestoalvaradoreina@hotmail.com 

La virtud es una efusiva opera­ción de verdadera unidad del pueblo en forma imparcial, casta y justa.

El miedo y la envidia son caracte­rísticas de los seres mediocres, vulga­res o corrientes.

El poder político se desarrolla bajo el esquema democrático mediante la voluntad de la mayoría popular expre­sada dentro del orden jurídico y en lo extenso del territorio nacional.

La sobresaliente autoridad del Es­tado hondureño es un atributo esen­cial que no puede ser compartido por otros, por su calidad de ser una par­te superior de carácter independien­te. Existe un vínculo de unidad origi­naria a lo interno de los individuos y las grandes colectividades que forman una Nación. El conjunto de derechos que el ciudadano hace valer frente al Estado, recibe la denominación espe­cial de Status Personal, figurando en­tre ellos los derechos de libertad, lo­comoción, petición o acción y los que pertenecen exclusivamente a los po­bladores, como ser elegir y ser electo, gozar de los cargos públicos, obtener su tarjeta de identidad y demás equi­valentes. Es incompatible bajo el prin­cipio impenetrabilidad y dominio in­minente, la existencia de un Estado so­bre uno ajeno y separado.

En el ejercicio de su preponde­rancia el Estado hondureño ejerce su dominación y jurisdicción en el sue­lo, subsuelo de su territorio continen­tal e insular, espacio aéreo, mar terri­torial, zona contigua, zona económi­ca exclusiva y plataforma continental, sin desconocer los tratados y conven­ciones internacionales, suscritos y ra­tificados oportunamente por el Con­greso de la República.

La jurisdicción significa la potes­tad de gobernar y poner en ejecución las propias leyes, emitidas con las atri­buciones correspondientes, motivo por el cual no es posible un proyec­to y ejercicio de corriente reflexión y pensamiento de admisión, que derive una administración pública distinta a la que tenemos los hondureños, los ex­tranjeros no pueden participar en es­ta delicada y compleja diligencia por características de la pronta y delica­da resolución de los asuntos. La sobe­ranía es calidad de dignidad de man­do y particularidad especial que está sometida al control del gobierno, no es permisible la intromisión de perso­nas extranjeras en el imperio y reco­nocimiento de los derechos y garan­tías constitucionales. Los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judi­cial tienen delimitadas sus respecti­vas funciones y atribuciones, sin re­laciones de subordinación e interde­pendencia.

Nuestra nación ejerce domina­ción en su carácter de ser una socie­dad organizada, con su propia forma de gobierno, dictando sus leyes im­poniendo su mando sin limitaciones en la diversidad de cientos de kilóme­tros cuadrados de extensión que tiene nuestro territorio, cuyo carácter es in­divisible. En suma, la suprema autori­dad del Estado no se discute y rivali­za en combates estériles.

Deviene una obligación determi­nante en el sentido de desconocer y re­pudiar todo acto que atente contra la so­beranía nacional, en calidad de institu­ciones de beneficio colectivo o social, tales entidades se pueden presentar o in­volucrar de indistinta manera, aumen­tando la confusión en incertidumbre, pe­ro lo que las caracteriza es ser contra­rias al imperio de régimen de derecho y violar la Constitución de la República y demás leyes en vigor.

El resultado de una crisis es la incapa­cidad de cierto sector oligárquico quien, con su abundante riqueza, se muestra in­diferente, lesionando y no fortalecien­do las entidades democráticas y repre­sentativas.

El disfraz de la injusticia se detiene con el significativo interés de ayudar desinteresadamente al bienestar, pros­peridad, salud, educación, cultura y de­más tareas de orden primario en la na­ción, sin importar los sacrificios, valla­dares o vicisitudes que hay que vencer.

Todo sea por la paz, la tranquilidad, la patria y la cultura.

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