Exdirigentes socialistas condenados en un macroescándalo de corrupción en España – El País

Exdirigentes socialistas condenados en un macroescándalo de corrupción en España

20 noviembre, 2019 | 1:10 am | Columnistas
Exdirigentes socialistas condenados en un macroescándalo de corrupción en España

Diecinueve ex dirigentes so­cialistas de Andalucía fue­ron condenados ayer en uno de los mayores escán­dalos de corrupción de la España moder­na, en un momento incómodo para el lí­der del PSOE, Pedro Sánchez, quien ne­gocia para intentar ser investido presi­dente del gobierno.

La Audiencia Provincial de Sevilla entregó la esperada decisión, en un ma­croescándalo originado en el reparto opaco y clientelista de cientos de millo­nes de euros de ayudas públicas, proce­dentes de un fondo para desempleados y empresas en crisis.

Las condenas recayeron sobre 19 exaltos cargos socialistas del gobierno re­gional de Andalucía, en manos del PSOE durante 36 años ininterrumpidos, hasta el pasado enero.

José Antonio Griñán, presidente an­daluz de 2009 a 2013, ex consejero regio­nal de Hacienda y ex ministro fue con­denado a seis años de cárcel y a 15 de in­habilitación por malversación de cauda­les públicos y prevaricación. Su predece­sor, el histórico presidente andaluz (1990-2009) y ex ministro Manuel Chaves reci­bió nueve años de inhabilitación para car­go o empleo público por prevaricación.

Otra ex ministra y exconsejera anda­luza de Hacienda, Magdalena Álvarez, fue condenada a nueve años de inhabili­tación por prevaricación.

La sentencia, recurrible ante el Tribu­nal Supremo, cae en mal momento para Pedro Sánchez, ganador de las legislati­vas del 10 de noviembre, pero con tres es­caños menos de los obtenidos en los an­teriores comicios, en abril.

Su intención, apuntan fuentes guber­namentales, es “acortar plazos” y tratar de ser investido presidente en el Parla­mento la semana del 16 de diciembre. De momento amarró los apoyos de la iz­quierda radical de Podemos, con la que anunció que gobernará en coalición.

Pero para ser investido necesita más apoyos, por lo que sus colaboradores es­tán negociando con distintos partidos, entre ellos los independentistas catala­nes de ERC, cuyo respaldo se anuncia de momento difícil.

– El PP contraataca –

Es “una sentencia muy dura”, reco­noció el ministro de Fomento y núme­ro tres del PSOE, José Luis Ábalos, aña­diendo que al referirse aquélla a hechos de la pasada década, “no afecta ni al ac­tual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista”.

La oposición conservadora del Parti­do Popular quiere evitar que Sánchez sea investido, después de haberle arrebatado Andalucía al PSOE, donde ahora gobier­na en coalición con los liberales de Ciu­dadanos y el apoyo parlamentario de la extrema derecha de Vox.

“Sánchez llegó al poder censuran­do injustamente a un gobierno honesto. Ahora debe ser coherente y asumir res­ponsabilidades por el mayor caso de co­rrupción de la historia de España”, afirmó el líder del PP, Pablo Casado, en Twitter.

El PP sigue muy dolido con un Pedro Sánchez que llegó al poder en junio de 2018, merced a una moción de censura contra el entonces gobierno conserva­dor de Mariano Rajoy. La moción estu­vo motivada por una sentencia judicial en otra macrocausa por corrupción, la de la llamada ‘trama Gürtel’. La justicia con­denó entonces al PP como “partícipe a título lucrativo” de una trama en la que cargos ‘populares’ daban contratos pú­blicos a una red de “empresas amigas”. La sentencia estableció también que duran­te dos décadas el PP mantuvo una conta­bilidad irregular.

– “Descontrol  absoluto” –

La sentencia de este martes, de 1.821 páginas, culmina una macrocausa cuya instrucción arrancó en 2011, en plena cri­sis económica en España, y dio lugar a un juicio oral de un año de duración.

Los hechos se prolongaron durante una década, de 2000 a 2010. Su núcleo es el manejo de un fondo público dotado de 854 millones de euros, y destinado a fi­nanciar despidos colectivos de trabaja­dores por parte de empresas en dificul­tades, en los llamados Expedientes de Re­gulación de Empleo (EREs).

El dinero se concedió sin embargo discrecionalmente, “eliminando los me­canismos de control legalmente estable­cidos”, según la sentencia. “No fue fisca­lizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas”, afirma la sentencia, que habla de “descontrol absoluto” en el manejo de esos fondos y de “resolucio­nes muy gravosas para el erario” públi­co. La consecuencia de este mecanismo clientelar es que recibieron ayudas para prejubilarse personas por completo aje­nas a las empresas beneficiarias, se abo­naron comisiones irregulares a media­dores, y se perjudicó a muchos otros tra­bajadores que sí precisaban esas ayudas.

“La sentencia de los ERE confirma que durante años algunos dirigentes del PSOE-A utilizaron dinero público en Andalucía para sostener una red mafio­sa que compraba la paz social y alimenta­ba la corrupción”, reaccionó Alberto Gar­zón, líder del pequeño partido Izquierda Unida y aliado de Podemos.

La fiscalía llegó a cifrar el fraude en 741 millones de euros, un montante que en sus conclusiones definitivas rebajó a 680 millones.

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